El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó la justificación del Poder Judicial ante el pedido para que periodistas puedan ingresar a la sala donde se desarrollará la audiencia del expresidente Alejandro Toledo. En este sentido, calificó como “una respuesta inaceptable”.
El pasado 13 de octubre, el Consejo de Prensa Peruana (CPP), Asociación Nacional de Periodista del Perú (ANP) e IPYS extendieron el pedido para el ingreso a las audiencias judiciales. Esto en relación con el juicio que se programó el lunes 16 y martes 17 de este mismo mes por el caso Interoceánica Sur.
Es así como el Poder Judicial emitió un comunicado para negar este acceso a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Cabe precisar que, esta disposición cambió por el estado de emergencia ante pandemia de la Covid-19, pero la situación ha continuado. “Antes de la pandemia, se permitía la entrada de equipos periodísticos a audiencias judiciales de interés público”, se menciona en la misiva de IPYS.
¿Cuál fue la respuesta del Poder Judicial?
De esta manera, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, a cargo de la magistrada Zaida Catalina Pérez Escalante, señaló que los hombres de prensa no podrán ingresar por “seguridad”. Esto debido a que solo existe acceso para 50 personas.
De esta manera, menciona que con la presencia de los magistrados, investigados, defensa legal de los procesados que asistirán ese día a la sede. Asimismo, señalan que a través de la transmisión del programa del Poder Judicial pueden seguir todas las audiencias.
A su vez, precisaron que existe la posibilidad de que el exmandatario se presente mediante la plataforma de Zoom. Además, refieren que de todas maneras se asignó una sala y la implementación de la conexión desde el penal de Barbadillo.
¿Cuándo se realizará la audiencia?
El juicio oral contra Alejandro Toledo por el caso Lava Jato se realizará este 16 y 17 de octubre. El exjefe de Estado está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión, por lo que la Fiscalía pide 35 años en su contra.
Toledo llegó al Perú para responder a la justicia peruana tras estar prófugo. Es así que luego de años se aprobó la extradición desde Estados Unidos, donde permaneció junto a su esposa, quien también es investigada por el caso Ecoteva.
De acuerdo con la tesis fiscal, fue el expresidente que habría recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht. Sin embargo, se presume que los depósitos no lo hacía directamente al entonces mandatario, sino a través del desaparecido empresario Josef Maiman, quien era su amigo y lo delató ante la Fiscalía.
De esta manera, Toledo se suma a la lista de expresidentes del Perú que están investigados por actos de corrupción o que algún momento estuvieron inmersos en estos actos.
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