El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte extendió este lunes el estado de emergencia al Cercado de Lima y a Lince, dos distritos limeños en los que, según el premier Alberto Otárola, se han incrementado los casos de delincuencia organizada, trata de personas y extorsiones.
La medida regirá por 60 días y, durante este período, la Policía Nacional (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. El emporio comercial Mesa Redonda, el Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla y el Jirón de la Unión, tres puntos con mayor concentración comercial, han quedado sujetos a esta nueva disposición.
“El centro de Lima está bastante tranquilo, no tengo informes de algo negativo. [El cierre parcial de la plaza de Armas] perjudica la visita de los extranjeros y turistas nacionales, pero comercialmente ahuyenta un poco tampoco también. Creo que gradualmente se irá recomponiendo”, dijo el fin de semana a Canal N el representante de comerciantes del Jirón de la Unión, Salvador Odé.
En julio pasado, la institución policial cerró de manera temporal diferentes vías en el Cercado de Lima ante las posibles manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Ahora, con el estado de emergencia, la situación se volverá más rigurosa.
Algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio quedarán suspendidos durante esta declaratoria. “Me parece que [el estado de emergencia] debe tenerlo a Lima Metropolitana y, por qué no decirlo, al resto del país”, siguió Odé, pese a las posturas diversas que desata el anuncio.
Boluarte había anticipado el último jueves que extendería la emergencia para combatir la criminalidad en el Cercado de Lima, el centro histórico donde se encuentra el Palacio de Gobierno, así como la sede del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades públicas.
El anuncio ocurrió semanas después de declarar la medida en los populosos distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, así como en varios distritos de la ciudad norteña de Sullana, para desarticular a las mafias del crimen organizado en esas zonas.
La mandataria se dirigió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y le dijo que cuente siempre con el apoyo del Gobierno, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que actúan en el control interno durante la declaratoria.
En su discurso de clausura, la gobernante expuso los avances alcanzados en seguridad ciudadana en otras jurisdicciones. “El porcentaje de resultados que tenemos es que ha disminuido la incidencia delictiva en 28 % en San Juan de Lurigancho, 18 % en San Martín de Porres, y 12 % en Sullana”, indicó.
Sin embargo, según la Policía, otros distritos de la capital han comenzado a tener mayor presencia de delitos graves vinculados a mafias de trata y extorsión.
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