Ejército cuestiona acusaciones de reglaje contra periodistas y desmiente existencia de documentos

Luego de las acusaciones emitidas en contra del Ejército del Perú por el presunto reglaje a dos periodistas de Hildebrandt en sus trece el último viernes, la institución emitió este lunes un pronunciamiento en el que rechazaba haber iniciado acciones de seguimiento alguna. La institución incluso cuestionó los documentos revelados por el semanario de investigación, alegando que estos no correspondían a la institución castrense.

Como se sabe, la denuncia surgió la semana pasada, cuando los periodistas Rebeca Diz y Ricardo Velazco denunciaron, documento en mano, ser víctimas de un reglaje y seguimiento dispuesto por el Ejército del Perú bajo la excusa de que ambos investigadores “habían accedido a documentos de carácter reservado”. Esta resolución, ampliamente criticada por ser catalogada como una medida que atenta contra la libertad de expresión, fue rechazada por un comunicado emitido este lunes.

En el documento, la institución no solo precisó que el Ejército “respeta estrictamente la libertad de prensa”, sino que también “deploraba las aseveraciones” realizadas por ambos periodistas, a las que calificó como “muy graves y tendenciosas”. En esa misma línea, la institución descartó la existencia de acciones realizadas por parte de “personal militar de la Dirección de Inteligencia”, en contra de Diz y Velazco.

Descarta existencia de documento que acredite seguimiento

Para brindar peso a sus denuncias , los periodistas Rebeca Diz y Ricardo Velazco presentaron la disposición F409 en la que ordena “realizar la vigilancia disuasiva en los domicilios y centro de labores, identificar posibles reuniones en diferentes lugares y acopiar toda información de índole social, así como en cualquier otro aspecto familiar, financiero”.

No obstante, el Ejército declaró que este documento no correspondía a su institución, al no tener el formato de clasificado oficial “que emite la dirección de inteligencia”. Para ello, la entidad afirmó haber efectuado un análisis a las disposiciones consignadas en el informe, y resolvió que estos no eran documentos provenientes del Ejército. No obstante, no presentó documento alguno que contrarrestara estas informaciones, ni tampoco un ejemplo de cómo está constituido un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Según el comunicado, se determinó “que son escritos burdos y apócrifos, cuya elaboración, formato, numeración correlativa, siglas, acrónimos, precintos de seguridad, no corresponden a los documentos oficiales clasificados”. El comunicado incluso añadió que la publicación “no contaba con el sello de autenticación, numeración, rúbrica, sello de agua transversal, código de distribución, sello de identificación y clasificación de uso exclusivo de las Unidades”.

Acusa a periodistas de “modificar” el documento “de acuerdo con intereses”

Otro detalle del documento, que viene firmado a nombre de la Dirección de Informaciones del Ejército, no solo se centró en desvirtuar las acusaciones contra Diz y Velazco, sino que también calificó de “falsa” el documento titulado Orden de Búsquedad N°09812.b.1.a.2. Documento al que señaló como un recurso para ser modificado “de acuerdo con intereses subalternos”.

En ese sentido, descartó que expresiones como “vigilancia disuasiva” sea usado como parte de la “terminología de uso castrense”.

La Dirección de Información del Ejército también aseveró que los documentos que maneja esta Dirección de Inteligencia, así como su sistema de Inteligencia, “están para garantizar la paz, soberanía e integridad del territorio nacional. Bajo ninguna consideración está contemplando el seguimiento a periodistas u otras personalidades”.

Por ende, detalló que serán las “autoridades competentes sobre la materia” las que se encargarán de acceder a la información clasificada, mediante un previo apersonamientos a las mismas oficinas generales de la institución.

Pese a ello, la Asociación Nacional de Periodista (ANP) también emitió un anuncio en el que denunciaba la existencia de un seguimiento no solo contra los dos periodistas, sino también en contra de un segundo medio, la radio Estación Wari, de Ayacucho.