Las gestiones de las ministras Miriam Ponce (Educación) y Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda) se encuentran en la mira por no tomar acciones correctivas frente a unas presuntas irregularidades presentadas en las designaciones de funcionarios de sus respectivos sectores.
Informes de la Contraloría General de la República, a las que Infobae Perú accedió, detallan que ambas funcionarias que integran el gabinete del cuestionado premier Alberto Otárola mantienen en sus cargos a servidores que presentaron información inexacta en sus declaraciones juradas.
En el caso de la titular del Minedu existe el documento N° 065-2023-2-0190, cuya fecha salió el 7 de agosto pasado, que está referido al nombramiento de la jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica que depende de la Secretaría de Planificación Estratégica. Allí se da cuenta que Lourdes Patricia Vargas Vílchez fue escogida para este puesto de confianza el 22 de febrero de este año.
Sin embargo, Vargas debió cumplir con unos requisitos básicos para que la resolución de su designación sea legal: contar con un título profesional, experiencia general de cinco años, experiencia específica en la función por tres años, y haber ostentado puestos como especialista, coordinador, supervisor o asesores por un año.
En el Minedu revisaron los documentos, pero se hallaron con que la funcionaria había registrado que tenía cuatro años y cinco meses de experiencia específica para asumir la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica. Sin embargo, verificaron que solo contaba con siete meses y una semana.
La entidad de control verificó en detalle las funciones que Vargas realizó en otras entidades antes de llegar al Minedu. Así, determina que el tiempo de experiencia acreditado por la funcionaria solo se cumple cuando trabajó en la Dirección General de la oficina de articulación, monitoreo y evaluación de impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde estuvo desde el 16 de octubre del 2019 hasta el 22 de mayo del 2020.
Vargas habría realizado funciones muy distintas en otros trabajos ―como en la subdirección de ejecución oportuna de la inversión de Proinversión― al puesto que actualmente ostenta en la cartera que Miriam Ponce dirige desde este mes.
Vivienda
Por otro lado, en la cartera de Vivienda, se indica que el 8 de setiembre del 2022 se oficializó la designación de Max Carbajal Navarro como director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento. Al igual que la funcionaria del Minedu, no habría presentado información exacta de los lugares en los que trabajo.
En su declaración jurada de intereses presentada ante la Contraloría informó que laboró como consultor en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre el 8 de agosto al 7 de setiembre del 2022.
El detalle está en que la Contraloría detectó que Carbajal recién formalizó su carta renuncia al IEP tras haber asumido su cargo en la cartera de Vivienda. Una prueba es el documento con la firma de puño y letra del funcionario.
En ambos casos, la Contraloría ha cursado estos informes a las ministras Ponce y Pérez de Cuéllar para que adopten medidas a fin de subsanar estas presuntas irregularidades en la designación de estos funcionarios que ocupan altos cargos dentro de sus sectores.
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