La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, grupo que preside la fujimorista Martha Moyano, no retiró de su predictamen de facultades legislativas la iniciativa con la que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca modificar el Código Penal para criminalizar la difusión y convocatoria de protestas, bajo la figura de “instigación del delito de disturbio”.
Con su pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo busca “sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, {muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”
Gremios periodísticos, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), advirtieron los peligros que podría implicar dicha modificación no únicamente para el periodismo, sino para la ciudadanía en general.
La secretaría técnica de la Comisión de Constitución reconoce el riesgo: “Tal como está redactado el inciso analizado, podría permitirse la emisión de decretos legislativos que afecten la libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente u otro derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú”.
“De igual forma, surte la duda al momento de analizar el caso de una persona que marcha pacíficamente y presencia hechos de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, ¿esta persona sería denunciada por haber estado al momento que ocurrieron los hechos? ¿se estaría vulnerando el derecho fundamental a reunirse pacíficamente sin armas?”, cuestiona el texto.
Sin embargo, pese a estar al tanto de las potenciales violaciones a derechos fundamentales, no se opta por remover este apartado, sino añadir una línea para precisar que “no se afecta ningún derecho fundamental consagrado en la Constitución Política”.
“Esta comisión cree urgente una legislación para sancionar al instigador que invoque a la vulneración de derechos de otras personas o la destrucción de bienes públicos, que finalmente son de todos los peruanos. Por ello, esta comisión está de acuerdo con la urgencia de la medida siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las personas”, justifica el grupo de trabajo que preside Martha Moyano (Fuerza Popular).
De aprobarse la norma en la Comisión de Constitución y ratificarse en el Pleno del Congreso, el Gobierno de Dina Boluarte — que arrastra más de 60 muertes producto de la represión en manifestaciones — tendrá carta libre para “modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, sin que se vulnere los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”.
Gremios rechazan intento del Ejecutivo
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que la pretensión del Gobierno atenta, además de la libertad de expresión, contra el derecho universal a la protesta.
“La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones, sino que promovieron una participación pacífica en éstas”, alertó el CPP.
Por ello, solicitaron a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso retirar dicho apartado. A este requerimiento se sumó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
“IPYS muestra su preocupación por la solicitud del Ejecutivo al pretender obtener una herramienta de amedrentamiento contra periodistas que opinan a favor o favorecen las manifestaciones”, advirtió el gremio.
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