Las graves acusaciones que enfrenta Patricia Benavides en la JNJ y el blindaje del Congreso a la fiscal

Patricia Benavides enfrenta una serie de cuestionamientos que van desde su desempeño como Fiscal de la Nación hasta la legitimidad de sus títulos académicos. Recientemente, su nombre ha dado que hablar —nuevamente— luego de que la congresista Patricia Chirinos muestre su iniciativa de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) después de que la institución cuestione la orden de suspensión de investigación hacia la encargada del Ministerio Público. La decisión fue tomada en medio de graves indicios que comprometen a la titular.

La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación contra la máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación luego de que se le acusara de dirigir sus esfuerzos en proteger a su hermana Emma Benavides, quien es acusada de liberar narcotraficantes a cambio de altas sumas de dinero. La entidad autónoma venía desarrollando una serie de diligencias que comprometían a la autoridad, pero una orden del Poder Judicial las detuvo.

La disposición vino de parte de la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien ordenó que se le conceda a Benvides la medida cautelar solicitada por ella misma contra la JNJ. Ello implicó que se suspenda todas las investigaciones preliminares hasta que se determine si Inés Tello y Aldo Vásquez —acusados de falta de idoneidad— serán separados de estas diligencias.

Luego de ello, el procurador de la Junta Nacional de Justicia remitió un cuestionamiento acerca de la medida cautelar. “A efectos de cumplir debidamente la orden judicial, [la JNJ] requiere necesario, por parte de la judicatura, precisar de forma adecuada los alcances de la misma, en tanto lo dispone el propio Nuevo Código Procesal Constitucional”, precisó en el informe difundido por La Pasión por el Derecho.

Luego de ello, la congresista Patricia Chirinos aseguró que la los miembros de la JNJ es un órgano que ha utilizado como ‘herramienta política’, por lo que afirmó que todos deben de abandonar el cargo. Este enfrentamiento entre instituciones del Estado aparece en medio de graves cuestionamientos hacia la fiscal de la Nación que podrían comprometer su carrera en el ámbito de justicia. Las acusaciones más graves forman parte de las supuestas decisiones para retirar del cargo a la fiscal Bersabeth Revilla.

La salida de Bersabeth

Cuando Patricia Benavides juramentó como fiscal de la Nación, una de sus primeras decisiones fue retirar del cargo de coordinadora general del Equipo ‘Cuellos Blancos’ a Bersabeth Revilla. Sin embargo, continuaba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde seguía el caso de la hermana de la titular, Emma Benavides.

Aunque su permanencia debía durar hasta diciembre de 2022, en julio de dicho año Benavides decidió dar por concluida sus funciones a casi finales de julio. El medio Epicentro informó que la titular del Ministerio Público tomó esta decisión basándose en el supuesto incumplimiento de la carga procesal y bajo nivel de producción. No obstante, esto sería desmentido después.

De acuerdo a las diligencias de la JNJ, la ‘baja productividad’ de Bersabeth Revilla estuvo sustentada en el informe de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal N° 0012-2022 y N° 001-2022 a cargo de la fiscal Azucena Solari Escobedo.

Productividad no medida y cifras no oficiales

Como se mencionó anteriormente, Benavides Vargas sustentó el despido de Revilla por una presunta baja productividad, pero la Junta Nacional de Justicia identificó un elemento importante: la Oficina de Control de la Productividad Fiscal resaltó que en la Fiscalía de la Nación no se tiene una “meta mensual estándar”. En otras palabras, no se tiene cómo medir específicamente la productividad de cada fiscal.

Según Epicentro, por este motivo, la JNJ no pudo determinar qué criterios utilizó Patricia Benavides para medir la productividad de la fiscal que seguía el caso de su hermana Emma.

Como parte de la sustentación de esta decisión, Silari Escobedo, quien trabajó estos informes, también precisó que la producción de la exfiscal era bajo. La funcionaria detalló que de acuerdo al sistema del Ministerio Público, Revilla resolvió un porcentaje de 42.6%, 55.9%, 73.3% y 47.2% carpetas en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

Sin embargo, estas cifras comenzaron a cuestionarse luego de que la JNJ se percatara que en los cuadros que contenían los informes existían otros datos. La fiscal a cargo de la elaboración de estos reportes agregó estadísticas que revelaban que la extrabajadora tenía una productividad de 90.6%, 92.5%, 90.9% y 57% en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

A raíz de ello, la Junta solicitó que Escobedo aclare esta falta de concordancia.

¿Pago de favores?

Después de la salida de Revilla, fue Azucena Solari quien la reemplazó. No obstante, para ese entonces, la funcionaria ya tenía otro trabajo, de acuerdo a la JNJ. Patricia Benavides la habría mantenido como fiscal suprema provisional para luego nombrarla como encargada de la Fiscalía de Control Interno.

Sobre ello, el medio Epicentro reveló que, de no haber ocupado dicho rango, no habría podido asumir la Fiscalía de Control Interno. Por este motivo, la Junta Nacional de Justicia presume que esto puede haber sido un posible pago de favores a cambio de los informes elaborados por Solari para retirar a Revilla del cargo. Esto puede ser catalogado como favorecimiento ilícito.