Narcos bolivianos y brasileños compran droga en Perú: utilizan pistas clandestinas en Pasco, Huánuco y Ucayali

Narcotraficantes bolivianos y miembros de dos megabandas de Brasil operan en estas regiones en alianza con clanes locales, según datos de inteligencia de la Dirección Antidrogas citados por Hildebrandt en sus trece

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Estas organizaciones tienen su casa matriz en sus países de origen, pero transitan por el Perú para comprar mercancía ilícita en alianza con moradores locales o tras pagar a comunidades indígenas por el uso de las narcovías. (OjoPúblico)
Estas organizaciones tienen su casa matriz en sus países de origen, pero transitan por el Perú para comprar mercancía ilícita en alianza con moradores locales o tras pagar a comunidades indígenas por el uso de las narcovías. (OjoPúblico)

Sin control, reconstruidas en tiempo récord y a disposición de narcotraficantes bolivianos y brasileños que trabajan en alianza con clanes locales, las pistas clandestinas en Huánuco, Ucayali, Pasco y Junín han reconfigurado el negocio del narcotráfico en los últimos años.

Según datos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) citados este viernes por Hildebrandt en sus trece, los usuarios de estas narcopistas son fundamentalmente bandas bolivianas lideradas por dos presidiarios, y otras dos redes brasileñas extendidas en la región (el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho).

Estas organizaciones tienen su casa matriz en sus países de origen, pero transitan por el Perú para comprar mercancía ilícita en alianza con moradores locales o tras pagar a comunidades indígenas por el uso de las narcovías. La tercerización de los servicios los hace menos vulnerables, según la investigación difundida por el semanario.

“Eso sin duda reconfigura el mapa del narcotráfico para el Perú. Estamos atravesando nuestro mejor nivel de producción de hoja de coca en una década, por lo menos”, dijo Rubén Vargas, exviceministro del Interior.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Las principales bandas bolivianas con tentáculos en el país, identificadas por Inteligencia policial, pertenecen a los clanes de Jesús Lima y de Marco Roca, ambos presos, pero a la cabeza del negocio en la región. En la nómina también aparecen las familias bolivianas Nacif Suárez, Majluf Antelo y Gómez Ortega.

Esa nación altiplánica, de hecho, emplea diez rutas para sacar la cocaína de Perú. Si antes cruzar la frontera tardaba al menos un mes, con el auge de los narcoaviones —según las Fuerzas Armadas, entre el 2021 y el 2022 ingresaron 1,456 al país— el viaje se redujo a unas ocho horas.

Solo en el último año, por vía aérea, Perú habría exportado 133 toneladas de cocaína utilizando pistas clandestinas, 46% del total de droga enviada al extranjero, de acuerdo con el informe. Las avionetas sacan la mercancía a través del cielo boliviano para aterrizar en Paraguay.

Desde allí, por vía fluvial o terrestre, se deriva a los puertos brasileños para su despacho a Europa, el principal consumidor de la coca producida en la selva peruana, materia prima para la fabricación de la cocaína.

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En junio, el exministro Vargas ya había dicho a EFE que Perú proporciona esta droga a otros destinos donde el negocio ilícito está creciendo. Y, según Naciones Unidas, el aumento del consumo de cocaína ha crecido en nuevos mercados, como Sudáfrica, Asia, el este de Europa y Brasil y otros países de Sudamérica, donde llega mercancía de origen peruano.

Cuando la Policía destruye narcopistas, en días u horas ya están rehabilitadas. En el centro poblado de Cinai, del distrito Yuyapichis, una pista clandestina fue reconstruida 34 veces entre 2016 y 2022; en Santa Isabel, en el territorio de la comunidad indígena Kakataibo, otra vía ilegal fue destruida 13 veces y reconstruida otras tantas, según el semanario.

“En nuestro país los grandes clanes de droga extranjeros solo inyectan capital y envían narcoaviones a sacar la droga. Aprovechan los cielos abiertos de Bolivia y Paraguay para trazar la ruta hacia el Atlántico. Los cabecillas no aparecen por aquí, solo mandan a sus operadores logísticos”, anotó Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico.

Las comunidades indígenas no reconocen explícitamente una alianza con las bandas, pero remarcan que, desde el 2020, cuatro líderes kakataibo han muerto por enfrentar a las mafias.

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“Hay algunos señores (narcos) que viven cerca de la comunidad o algunos conviven en la misma comunidad. Nosotros luchamos y defendemos lo nuestro, pero otros también tienen miedo”, dijo Herlín Odicio Estrella, líder indígena de los Kakataibo.

“El crimen organizado presiona, chantajea, amenaza. Si al indígena le dicen que van a matar a su hijo, ¿qué le queda? En el crimen hay un orden. Cuando ocurre una muerte, es porque algo alteró el orden”, mencionó un agente ignoto por seguridad.

Jaime Antezana, otro especialista en narcotráfico, tiene un punto de vista distante: “Yo soy muy respetuoso de los indígenas que realmente se están jugando la vida denunciando, pero también hay que ser honestos y decir que muchos de ellos tienen vínculos con el narcotráfico”, dijo.

En lo que va del 2023, la Dirandro ha destruido 31 pistas clandestinas y desarticulado 39 organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La semana pasada, el premier Alberto Otárola anunció que Estados Unidos levantó el bloqueo de interdicción aérea no letal de vuelos ilícitos para combatirlo.

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Las actividades de interdicción se interrumpieron en 2001, debido al derribo accidental de una aeronave civil donde viajaban misioneros estadounidenses, y desde entonces hubo intentos para levantar este bloqueo.

Ahora, la Fuerza Aérea volverá a recibir cooperación en materia de radares, aeronaves, presupuesto, equipamiento y capacitación para actividades de interdicción contra las aeronaves. Para un agente de la Dirandro que declaró en reserva para la revista, esta medida anunciada por Otárola podría ser contraproducente.

“El piloto de la narcoavioneta, que antes venía por 10 mil dólares, ahora, por la ‘interdicción’, vendrá por 50 mil dólares. Pero las avionetas no van a parar. Para acabar con el narcotráfico se debe atacar dos cosas: la oferta y la demanda y no invirtiendo 400 millones de dólares para un programa de interdicción aérea que solo permite la interdicción terrestre, que es lo mismo que ya tenemos actualmente”, anotó.

Esta misma semana, además, La República publicó un informe sobre la toma del Comando Vermelho en las zonas amazónicas, donde controla, en rigor, la cuenca del río Abujao (Pucallpa), donde nadie va, incluido el Gobierno. La mayoría de personas que han trabajado allí dijeron que nadie entra o sale sin que la banda lo sepa.

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