Susana Villarán seguirá en calidad de investigada. El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para que se amplie las indagaciones preparatorias por 36 meses más contra la exalcaldesa de Lima y 34 personas, que desempeñaron funciones en su gestión 2011-2014, que habrían cometido la presunta comisión de los delitos de colusión y colusión agravada, vinculados a la trama de corrupción Lava Jato.
A través de un mensaje en redes sociales, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz, informó que la decisión está enmarcada por el caso Línea Amarilla. En este asunto se indaga la adenda que se firmó por el proyecto de concesión, el reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administradas por la empresa Lamsa, y el rol que tuvo la comuna de Lima. Se estima que Villarán recibió 11.2 millones de dólares en esta trama de corrupción.
El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que necesitaban un nuevo plazo para realizar una serie de diligencias: la pericia de ingeniería, las asistencias judiciales internacionales, y el agotamiento de las declaraciones testimoniales.
La última medida que Pérez Gómez había tomado fue el 23 de mayo pasado cuando ejecutó una serie de allanamientos a las empresas Lima Expresa, Vinci Highways Perú y el estudio de abogados Echecopar, ubicado en San Isidro, que habrían participado en los actos de concertación de exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Según la resolución, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”.
El juez Chávez Tamariz también autorizó el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, caja fuertes, entre otros”.
Campaña del ‘No’
Aparte del caso Línea Amarilla, la exalcaldesa Villarán también afronta otra investigación por los aportes que recibió para financiar la campaña contra la revocatoria que se impulsó en su contra en el 2013.
El 24 de julio pasado se informó que la Fiscalía había formalizado la indagación contra Villarán, Marisa Glave, Jorge Nieto, Ana Elena Townsend y otros, por el presunto delito de lavado de activos.
En los investigados, además de los ya mencionados, aparecen Jaime Salinas López-Torres, Zoila Reátegui Barquero, Carlos Juscamaita Aranguena, Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.
En el texto de su resolución, el Ministerio Público detalla que Jaime Eduardo Salinas recibió 120 mil dólares, Marisa Glave y Zoila Reategui -en conjunto- 20 mil dólares, Anel Towsend otros 20 mil dólares, Jorge Nieto 129 mil dólares y Carlos Juscamaita 250 mil dólares.
La fiscalía calcula que los investigados habrían estado involucrados en el presunto lavado de dinero de por lo menos 530 mil dólares.
Situación actual
Susana Villarán fue excarcelada en mayo del 2020, luego de permanecer recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos por casi un año, en el marco del proceso que se le seguía por la presunta recepción de dineros ilícitos para su campaña contra la Revocatoria del 2013 y para su campaña de reelección municipal del 2014.
En aquel momento, el juez dispuso variar su prisión preventiva por la de arresto domiciliario, imponiéndole cinco reglas de conducta que incluían la prohibición de comunicarse con sus coimputados, no realizar reuniones sociales en su domicilio, el pago de una caución de 20 mil soles, entre otras.
Un año después, el 21 de mayo del 2021, el magistrado rechazó un pedido fiscal para prolongar la detención domiciliaria de Villarán de la Puente, pero impuso dos nuevas normas de conducta más que debía cumplir: la obligación de no ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización judicial y quedó impedida de salir al extranjero.
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