Se reactivaron las diligencias fiscales en torno al caso de los sobornos que recibiera la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán en el caso de la Línea Amarilla. El equipo Especial Lava Jato viene ejecutando la orden de allanamiento de las empresas Lima Expresa, Vinci Highways Perú y el estudio de abogados Echecopar, que habrían participado en los actos de concertación de exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS.
Esta medida fue solicitada al Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez, quien presentó 300 elementos de convicción en su acusación para llevar a juicio oral a la exburgomaestre, a quien la sindican de haber liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la comuna limeña.
Concretamente, el allanamiento se debe a la investigación por las ‘coimas’ que habría dado OAS a Villarán para obtener la “extensión del plazo de la deuda y la subida del peaje” en las obras de la Línea Amarilla.
Buscan documentos incriminatorios
El pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se dispuso el apoyo de la policía Nacional para brindar seguridad al equipo del Ministerio Público que se desplegó a los inmuebles Vinci Highways Perú y Lima Expresa (antes Línea Amarilla), ubicados en Surco, así como a las oficinas del Estudio Echecopar, en San Isidro.
Según la resolución, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”. El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, caja fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el 2009 hasta el 2016, así como información sobre empersas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
Fiscal pide 29 años de cárcel
Susana Villarán es acusada de liderar una organización criminal que operó desde el 2011 al 2014 en la Municipalidad de Lima y que le habría ayudado a financiar la campaña por el “No a la revocatoria” y sus campañas electorales.
El Ministerio Público pide 29 años de cárcel para Villarán por haber favorecido con contratos a tres constructoras: las brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, a cambio de 11′293,000 de dólares.
La fiscalía ha recogido el testimonio de más de 20 colaboradores eficaces para sustentar los aportes y recepción de dinero ilícito que habría realizado Susana Villarán de la Puente y la presunta organización criminal que lideraría.
Recordemos que Susana Villarán, en su declaración ante la fiscalía, el 10 de junio de 2021 reconoció haber “tenido conocimiento que la empresa OAS daría su aporte en Brasil para financiar los honorarios del publicista Luis Favre y dadas las circunstancias aceptó el apoyo”.
Asimismo, Leo Pinheiro, extitular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de la exalcaldesa de Lima. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.
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