La detención de catorce personas, vinculadas presuntamente a la red criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, en el marco del caso La Unión ha revelado una nueva línea de la investigación que se sigue en el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EEFCCP), liderado por la fiscal Marita Barreto, respecto a los actos de corrupción que salpican al gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo y que involucran directamente al expremier Aníbal Torres.
En la resolución judicial, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se da cuenta de una nueva declaración de Salatiel Marrufo el 28 de junio pasado. El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda señaló que Robert López, detenido exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tenía una directiva expresa de Torres para hacer bolsas de dinero con el fin de costear los gastos de los abogados de Castillo Terrones frente a las indagaciones que se le abrían en la Fiscalía de la Nación.
Se menciona que Marrufo y otro colaborador eficaz señalaron que el papel de López dentro de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ consistió en aprobar los expedientes que el director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC iba a presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la financiación de las cuatro obras del distrito de La Unión, en Piura, por la cual iba a recibir una retribución económica.
“Consistente en darle viabilidad de los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través del director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC, para la autorización de la transferencia de partidas presupuestales del sector público para el Año fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; específicamente de la ciudad Distrital de La Unión - Piura, y a cambio de ese apoyo habrían recibido sumas de dinero en proporción al valor de cada obra”, se lee en el documento.
Sin embargo, Marrufo menciona que la práctica de Torres de recolectar fondos a favor de Castillo también involucraba a miembros de su gabinete ministerial con los que tenía mayor confianza. Y esto se lo habría dicho el mismo exministro Geiner Alvarado, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Piedras Gordas por los presuntos actos de corrupción que se dieron en su cartera.
De esta manera, la Fiscalía tiene un nuevo elemento contra Aníbal Torres, quien solamente es investigado de manera preliminar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración al ser un coautor del mensaje emitido por Castillo para ejecutar un golpe de Estado el pasado 07 de diciembre.
El expremier afronta el proceso en libertad a pesar de que se solicitó 18 meses de prisión preventiva tal como Castillo y Betssy Chávez, la última jefa ministerial, cumplen por este caso en la actualidad en los penales de Barbadillo y Anexo de Mujeres de Chorrillos, respectivamente.
Sin embargo, el Poder Judicial autorizó que a Torres se le levante el secreto de sus comunicaciones y el embargo de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.
Las recientes medidas fueron solicitadas por el Ministerio Público y la Procuradoría General del Estado, que busca asegurar el cobro de reparación civil de más de S/67 millones.
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