Alejandro Soto: empresa a la que estafó exige que cumpla con reparación civil de S/324.000

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco ratificó la resolución que declara la prescripción del proceso penal contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el cargo de estafa contra la empresa Transportes Wayna Picchu. Por esto, ahora la atención de la compañía está dirigida hacia el cumplimiento del pago de una reparación civil.

En ese sentido, la empresa denunciante pretende que el congresista de Alianza para el Progreso cumpla con el pago de una indemnización económica. Según lo comunicó Darwin Urquizo, el abogado que representa a la parte perjudicada, el monto que están solicitando es de S/324.000.

Cabe resaltar que no solo Alejandro Soto tendría que cumplir con este pago, sino las otras personas demandadas por el delito de estafa.

“La resolución que declara prescrito el caso ya fue declarada consentida. Ya no hay algún remedio legal o posibilidad de que pueda ser anulada. Ya es cosa juzgada, tiene validez y no se puede revertir. Lo que nos queda a nosotros ahora es solicitar la instalación del juicio oral respecto a la reparación civil. (...) Por los hechos que lo involucran, él debe pagar S/324.000, pero aquí hay otros imputados y la responsabilidad es solidaria. Él y los otros imputados tienen que pagar esa cantidad”, explicó en entrevista con Canal N.

Denuncia por estafa contra Alejandro Soto

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto Reyes, fue denunciado por estafa luego de que en 2012 vendió un terreno a la empresa Transportes Wayna Picchu, donde trabajaba como asesor legal, por US$265.000.

El congresista de Alianza para el Progreso habría ocultado a los compradores que él adquirió ese terreno a cambio de US$5.000. Lo había comprado 8 meses antes a una comunidad campesina.

Con el dinero que obtuvo por esta transacción, en octubre de 2015, Soto Reyes compró una lujosa propiedad en el distrito cusqueño de San Jerónimo. Estos hechos fueron reportados por el nuevo directorio de Transportes Wayna Picchu después de que se enteraron mediante una auditoría de sus activos.

La estafa hacia la empresa denunciante se confirmó por la existencia de dos cheques que sumaban un monto total de US$265.000. Transportes Wayna Picchu realizó una auditoría que reveló que el pago de este monto se hizo a cambio de un terreno y fue a nombre de Alejandro Soto Reyes en 2012.

El desembolso se dividió de la siguiente manera: US$200.000 el 26 de noviembre y US$65.000 el 24 de diciembre. Así, la compañía destapó una trama en la cual el actual líder del Congreso, en complicidad con individuos del directorio anterior, logró que la empresa desembolsara la suma de US$265.000 por un terreno por el cual el congresista mismo había pagado solamente US$5.000.

Una denuncia fiscal buscaba una condena de 8 años y 8 meses para Alejandro Soto. Sin embargo, en julio de 2023, cuando el juez cusqueño Carlos Morán Gil se preparaba para dictar sentencia, el parlamentario evitó la acción legal al ampararse en la prescripción del caso. Pudo hacer esto porque en el Congreso recientemente se había aprobado una iniciativa que realizó cambios a la Ley 31751. Esta legislación fue impulsada por el mismo Soto.