Después de cinco años de juicios orales, los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 39 campesinos de Cayara, en mayo y junio de 1988, fueron sentenciados a entre ocho y quince años de cárcel, según dio a conocer el Poder Judicial.
El juez Jhonny Contreras Cuzcano impuso la pena contra el exjefe político militar de Ayacucho, general José Valdivia Dueñas, entre otros militares, por la masacre cometida. Sin embargo, Valdivia dejó de asistir a las audiencias hace un año y medio; por lo que fue declarado reo contumaz y sobre él pesa una orden de captura desde marzo de 2022, pero su paradero aún es desconocido.
Durante el proceso judicial se dio a conocer que el 13 de mayo de 1988 se produjo una emboscada terrorista a un convoy del Ejército en la zona de Erusco, muy cerca a Cayara, en la que fueron asesinados cuatro militares. Ante ello, la Segunda División del Ejército de Ayacucho, liderada por Valdivia Dueñas, ejecutó el plan Persecución, en la que participaron patrullas de diferentes bases.
En el proceso, los militares aceptaron haber ido a Cayara y lugares aledaños, pero negaron haber cometido los crímenes. Aseguraron que al llegar todos estaban muertos y responsabilizaron a los terroristas.
Sin embargo, las investigaciones determinaron que con la participación de 200 militares, se ejecutó extrajudicialmente a testigos y familiares, escondieron los cadáveres, violaron a mujeres y saquearon las propiedades de los campesinos.
Según la presidenta de la asociación de víctimas de Cayara, María Luisa Ccayo, estos años de juicio oral han sido un poco difíciles. “No ha sido imparcial, a veces la sala penal nos ha tratado mal, nos marginaban: al inicio no nos dejaban ni sacar una foto. Los acusados, sus familiares y los vigilantes nos decían: ahí vienen los terroristas, los hijos del terrorismo”, narró al medio Público.
Ahora bien, no solo los deudos directos de los casi 39 asesinados y desaparecidos los que esperan justicia. Ellos esperan que el tribunal reconozca como afectado a todo el pueblo de Cayara ya que los impactos de la violencia como los traumas, la amenazas, el desplazamiento forzado y las desapariciones padeció toda la comunidad.
Los datos de la Defensoría del Pueblo revelan que fueron más de 16.000 las víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2000. De ellos, los restos de aproximadamente 4 mil han sido identificados y devueltos a sus familiares; sin embargo, miles de deudos aún aguardan por los cuerpos de sus seres queridos, vestigios y una tumba sobre la cual llorar a sus muertos.
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