En su primer viaje como jefa de Estado a Brasil, donde tiene previsto asistir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, Dina Boluarte se chocará con el líder de Colombia, Gustavo Petro, y el dictador venezolano Nicolás Maduro.
La asistencia de ambos está confirmada hasta ahora, junto con la del mandatario de Guyana, Irfaan Ali. Sin embargo, por cuestiones internas, los gobernantes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Surinam, Chan Santokhi, enviarán a sus representantes, según información difundida por EFE.
“¿Por qué un presidente elegido popularmente está hoy preso si no hay sentencia del juez penal en su contra? Perdieron los derechos políticos él y sus electores. Ahí abiertamente hay una ruptura del sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señaló a inicios de año, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Después, en medio de las manifestaciones antigubernamentales, Petro se refirió al amplio despliegue de la Policía en el centro histórico de Lima y los comparó con nazis, tras lo cual fue declarado persona non grata por el Congreso.
Este jueves, el hijo mayor de Petro accedió a colaborar con la Justicia y reveló a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió, y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró a la campaña electoral de 2022 del hoy jefe de Estado.
En Brasil, de igual modo, Boluarte se cruzaría con el dictador Maduro, a quien supera en desaprobación en toda la región, según la última medición del Latinobarómetro; y con el boliviano Luis Arce, quien deslizó que en el Perú hay un “pueblo que lucha por recuperar su democracia y [...] por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.
Arce también se ha reunido con el abogado de Castillo, Guido Croxatto, para acompañar la “defensa” del exmandatario, recluido en la prisión de Barbadillo por cargos de corrupción, rebelión y conspiración.
Durante el debate, algunos diputados esgrimieron que esta iniciativa es inconstitucional. “Primero hay que solucionar los problemas en casa. En 8 meses no hay planteado una política de Estado. Ya basta de palabras, que se quede a trabajar”, dijo el congresista Roberto Kamiche (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).
Sin embargo, la postura que ganó más votos fue la de autorizar el viaje por la importancia de que Perú tenga presencia en la cuestión amazónica.
Aunque no adelantó mucho del contenido, aseguró que además de poner el acento en la búsqueda de un desarrollo económico que “no destruya más las selvas”, ese documento también tratará sobre los compromisos no cumplidos en los últimos años por los países más desarrollados.
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