Un polémico proyecto de ley fue presentado en el Congreso de la República para restablecer la inmunidad parlamentaria, mecanismo que quedó sin efecto en el 2021. Esta iniciativa, impulsada por congresistas de Acción Popular involucrados en el caso ‘Los Niños’, viene generando una serie de críticas porque de implementarse protegería a los miembros del parlamento de ser procesados penalmente por delitos cometidos durante su mandato.
Los defensores del restablecimiento argumentan que la inmunidad parlamentaria es esencial para garantizar que los legisladores puedan realizar su trabajo sin temor a represalias políticas. Afirman que, sin esta protección, “los políticos podrían ser blanco fácil de acusaciones falsas o motivadas políticamente”. Por otro lado, los críticos sostienen que el restablecimiento de la inmunidad podría ser una herramienta que permita la impunidad y proteja a los congresistas de las consecuencias legales de sus actos.
Lo que dice la propuesta
La iniciativa N°5652, que fue presentada el miércoles 2 de agosto, pretende una reforma constitucional con la finalidad de “fortalecer la institucionalidad” del Parlamento.
Plantea modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú en el que se dice que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación para agregar que “no pueden ser procesados, ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.
Proyecto de Ley N° 5652 by Infobae Perú on Scribd
Además se propone que, si un parlamentario es encontrado en flagrancia, sea “puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas”, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, “de lo contrario procede el silencio administrativo positivo”.
¿Cuáles serían las consecuencias de reponer la inmunidad parlamentaria?
La propuesta de restablecimiento de la inmunidad parlamentaria ha encendido el debate sobre la rendición de cuentas, la transparencia y el papel del Congreso en la protección de sus miembros, en un contexto marcado por la alta reprobación del Parlamento y las investigaciones fiscales que recaenn sobre algunos parlamentarios por casos de corrupción.
Actualmente, el artículo 93 de la Constitución establece que los procesos por delitos comunes imputados a congresistas son de competencia directa de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, el constitucionalista Omar Cairo, consultado por La República, explicó que si prospera la reforma de ley y entra en vigencia, el Congreso podría “no autorizar” la detención del parlamentario. “Durante toda la historia de vigencia de la inmunidad parlamentaria, solo ha servido como herramienta de negociación y encubrimiento”, comentó al referido medio.
Además, alertó que de aprobarse la iniciativa legislativa, “se ampliaría la inmunidad parlamentaria” a otros delitos ajenos a las funciones congresales y alertó que “sería un retroceso lamentable”.
¿Qué congresitas se beneficiarían?
El congresista de Wilson Soto, es el autor del proyecto de reforma constitucional para restituir la inmunidad parlamentaria, alegando que la desprotección de los congresistas expuestos a las denuncias y procesos penales origina el ‘debilitamiento’ del Poder Legislativo.
En su descargo a distintos medios de comunicación, el parlamentario de Acción Popular indicó que su iniciativa “beneficiará al Congreso para la toma de decisiones sin mayores temores y sin sucumbir ante los pedidos de grupos interesados en temas económicos, políticos o sociales particulares”.
El proyecto del congresista Soto tiene el respaldo de sus compañeros de bancada José Arriola, Juan Mori, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Luis Aragón, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara, todos ellos vinculados al caso ‘Los Niños’ por beneficiar al expresidente Pedro Castillo con votos en contra para bloquear procedimientos como la vacancia presidencial, la interpelación y la censura de ministros, a cambio de supuestos direccionamientos de licitaciones y designaciones de personal de confianza.
El referido caso viene siendo investigado por el Ministerio Público desde mayo del 2022 y en él también están involucrados los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Ilich López, Edwin Martínez e Hilda Portero; además de los parlamentarios de la bancada del Bloque Magisterial Francis Paredes, Pasión Dávila, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Edgar Tello.
Junto a ellos también fueron añadidos Américo Gonza (Perú Lubre), Carlos Zeballos (Podemos Perú), y los no agrupados Katy Ugarte, Óscar Zea y Enrique Alva.
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