El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, permanece en un intrigante silencio. El burgomaestre ha decidido no aparecer ante los medios de comunicación, pese a que se encuentra pendiente conocer la decisión que tomará ante el caso de los peajes.
El líder de Renovación Popular mantenía una postura clara: los peajes de Rutas de Lima no iban más. Según mencionó, la empresa operaría solo hasta el sábado 29 de julio, lo cual fue respaldado por el teniente alcalde de la comuna. Los funcionarios detallaron que ya se habían llevado a cabo los trámites para terminar con el contrato.
“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día (sábado) 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, dijo el titular de la Municipalidad de Lima Metropolitana hace algunos días atrás.
Esta posición fue reafirmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien detalló que seguirán el proceso que corresponde. “El plazo vence hoy y el plazo está en estricto cumplimiento del artículo correspondiente del contrato que va por la caducidad. Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar”, mencionó el sábado.
“La recuperación de los peajes se da basada en un estricto cumplimiento del contrato que se tienen con las empresas privadas, con las concesionarias. Nosotros tenemos que cumplir con los plazos y con lo que se ha establecido en un contrato”, agregó.
Pese a esta controversial situación, el alcalde de Lima no ha brindado declaraciones ni ha emitido comunicados sobre qué sucederá con los peajes de Lima. Tampoco ha aparecido ante medios de comunicación. Incluso, no participó del Desfile Militar por Fiestas Patrias.
Vecinos exigen pronunciado de López Aliaga
En vista de que el titular de la Municipalidad de Lima no ha respondido ante la continuidad de los peajes, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, junto con los residentes de la zona, llevaron a cabo una manifestación para oponerse a los cobros en los peajes.
A pesar del ultimátum dado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que Rutas de Lima devuelva los peajes de la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa), los ciudadanos continúan pagando S/ 6.50 cada vez que atraviesan estas carreteras. Esta situación ha causado incomodidad tanto entre los transportistas como en el público en general, quienes se ven afectados por el creciente incremento en el costo de los peajes.
Rutas de Lima respondió
El principal poseedor de acciones en el Consorcio Rutas de Lima, Brookfield Asset Management, se pronunció ante las afirmaciones hechas por Rafael López Aliaga. El representante de la compañía consideró que las declaraciones representan un ataque que vulnera las protecciones brindadas a los inversionistas extranjeros en el Perú, según lo señalado en los tratados celebrados por el Estado peruano.
“Debemos alertar a las autoridades peruanas que, de concretarse un ataque y/o despojo de la concesión de Rutas de Lima o cualquier otro tipo de acto en desconocimiento de la medida cautelar, como lo anuncia el señor López Aliaga, consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, indicaron en un pronunciamiento.
Asimismo, la empresa concesionaria Rutas de Lima comunicó que la Fiscalía de Prevención del Delito ha iniciado un proceso preventivo bajo la Disposición fiscal N.º 01, en respuesta al anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la intención de que la Municipalidad de Lima se encargue de los peajes.
Además, la compañía declaró que la Brookfield Asset Management ha optado por dar inicio al “procedimiento preventivo” contra aquellos que resulten responsables por el presunto delito de “usurpación agravada, daño agravado, entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y abuso de autoridad, perjudicando los intereses de RDL”.
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