Luego del pico de conflictividad y movilización social en los dos primeros meses del año, lo que hemos visto, desde mediados de marzo, es una tendencia a la predominancia de un ambiente crispado debido a los conflictos socioambientales, sobre todo vinculados a la minería. Al respecto, el informe del 32° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) revela que existen hilos conductores que explican el escenario actual: cuestionamiento al poder central, el factor identitario, así como respuestas del Estado basadas en la falsa teoría de conspiración y represión policial.
“Las movilizaciones de regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, entre otras, plantean un claro cuestionamiento al poder central; a las formas cómo las élites del país gobiernan y toman decisiones y cómo las imponen en los territorios. Un claro ejemplo es cómo se otorgan concesiones mineras y diversas licencias, sin que las poblaciones sean informadas adecuadamente; la manera como se aprueban los estudios de impacto ambiental o sus modificatorias”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.
Otro punto común identificado por el reporte es el discurso sobre teorías de la conspiración para explicar los conflictos sociales, tratando de atribuirlos a fuerzas externas o grupos subversivos. Además, la actuación represiva de Policía Nacional.
Por su parte, Félix Suasaca, líder social de Puno y representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, rechazó la criminalización y persecución que vienen sufriendo las organizaciones sociales por parte del Gobierno. “No somos terroristas, somos defensores de los derechos humanos y el ambiente”, señaló.
Pico de conflictividad
En los últimos meses, el Perú ha experimentado un incremento significativo en la conflictividad social, superando ampliamente el promedio de las últimas dos décadas, según el informe del 32° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). La Defensoría del Pueblo ha identificado un pico de 225 conflictos durante este primer semestre del año, superando los números registrados durante los gobiernos anteriores, a excepción del gobierno de Alan García. Esta situación marca el momento de mayor conflictividad social desde el año 2011.
Según los informes de la Defensoría, la mayoría de conflictos se relaciona con temas socioambientales, siendo el 66.9% vinculado a la actividad minera y el 19.7% a los hidrocarburos.
Minería informal
La minería informal en Perú ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, generando conflictos sociales y tensiones con las empresas mineras formales. La falta de protección por parte del Estado ha llevado a que las poblaciones sean las más afectadas por esta situación.
Al respecto, Mirtha Villanueva, directora de Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), advierte que la minería informal ha ingresado en las localidades de Jaén y San Ignacio (Cajamarca). “Estamos presenciando un aumento en la violencia y los enfrentamientos entre los mineros informales, las autoridades locales y los defensores del medio ambiente”, señaló.
Sobre este tema, José De Echave destaca que los altos precios del oro y el cobre actúan como incentivos para que los mineros informales se dediquen a la extracción de estos minerales, impulsando estas actividades.
Al respecto, David Velasco, director de Fedepaz, consideró que la conflictividad social en torno a las actividades mineras formales e informales en Perú es un tema urgente que requiere atención por parte del Gobierno. “Es necesario buscar soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y una participación real de las comunidades afectadas en las decisiones que afectan su territorio y su modo de vida. Solo así se podrá alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social en el país”, acotó.
Defensores desprotegidos
Los defensores ambientales en Perú se enfrentan a una persecución constante por parte de la minería informal, poniendo en riesgo su vida y la integridad de sus comunidades. Un claro ejemplo de esta problemática es el caso de Augostina Mayán Apikai, defensora ambiental del Cenepa, Amazonas, quien ha sido amenazada de muerte por su valiente lucha en defensa de su territorio frente al avance de la minería ilegal.
Mayán señala que los mineros ilegales continúan invadiendo su territorio sin encontrar ninguna intervención efectiva por parte del Estado. Esto ha llevado a la degradación de los ríos de su cuenca, generando problemas de salud y escasez de alimentos. Los defensores ambientales, considerados los mejores luchadores por su comunidad, han sido víctimas de ataques y amenazas, lo que ha debilitado su capacidad para resistir.
Por su parte, Félix Suasaca, representante de la plataforma de afectados por metales tóxicos, advirtió que más de diez millones de peruanos, el 31,15% de la población, ingiere metales pesados en el agua que bebe, según cifras del Minsa. Por ello, exhortó al Gobierno a atender dicho problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras. “No nos oponemos a las actividades mineras como tal, solo exigimos que sea una minería responsable”.
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