El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó al Poder Judicial se dicte una orden de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, quienes vienen siendo investigados por el pago de sobornos al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. A ambos se les imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
Según informó la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el Ministerio Público solicita al Octavo Juzgado de la Investigación Preparatoria que la medida coercitiva sea de 36 meses. El requerimiento también alcanza a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, exdirectores del Fondo MiVivienda; y Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo.
Los referidos tres exfuncionarios fueron nombrados en dichos cargos a pedido de Sada Goray, con el objetivo de que favorezcan a Marka Group con proyectos inmobiliarios. A cambio, la empresaria entregaba millonarios sobornos a Marrufo Alcántara, quien en calidad de colaborador eficaz admitió que hizo llegar parte del dinero al exministro Geiner Alvarado y al expresidente Pedro Castillo.
Debido a que se formalizó el requerimiento de prisión preventiva, Sada Goray y Mauricio Fernandini deberán permanecer detenidos hasta que el juez Raúl Wensislao Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado de la Investigación Preparatoria, resuelva el pedido formulado por el Equipo Especial de la Fiscalía.
¿Hay elementos para que se dicte prisión preventiva?
Para que un juez de investigación preparatoria ordene prisión preventiva se deben cumplir tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena superior a cuatro años, y peligro procesal (se puede manifestar con peligro de fuga u obstaculización).
A Goray Chong y Fernandini Arbulú se les atribuye los ilícitos de organización criminal y colusión agravada, cuyas penas van de entre 15 y 20 años de prisión. En el caso de la prognosis, se cumple con este requisito.
En relación a los elementos de convicción recabados por la Fiscalía y el peligro procesal, Infobae Perú consultó con los abogados penalistas Romy Chang y Mario Amoretti, quienes coincidieron en que estos serían suficientes para demostrar que la empresaria y el periodista están estrechamente vinculados a la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda.
Respecto al peligro procesal, ambos letrados consideran que el Ministerio Público podría advertir obstaculización en la investigación en el hecho de que Goray y Fernandini no habrían contado toda la verdad en su declaración como aspirante a colaboradora eficaz y su confesión sincera, respectivamente.
El peligro de fuga de Goray se materializaría con el intento de obtener de una segunda nacionalidad en República Dominicana y una residencia fiscal en Uruguay.
“La nacionalización es un indicio para eludir la justicia y obstruir. Si obtengo la nacionalidad de otro país, indudablemente rige el principio de la nacionalidad. Es decir, como ya soy nacionalizado y ya no soy peruano, el país que haya adoptado tranquilamente dice que no procede la extradición”, argumenta Amoretti.
En el caso de Fernandini, Romy Chang considera que su arraigo laboral es inexistente ya que durante la audiencia de control de identidad afirmó que únicamente se encontraba estudiando una maestría en Antropología Visual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con relación a la tramitación de su visa, la letrada indica que “hay una posibilidad de que se le considere que hay un intento de fuga”.
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