El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, confirmó este miércoles que la presidenta Dina Boluarte enfrenta una investigación fiscal por la denuncia de plagio en un libro en el que es coautora y que en 2007 consignó en su biografía académica para acceder a una plaza como asesora de alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El anuncio ocurre un día después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual acudiera a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar la entrega del ejemplar, cuyo contenido fue adulterado en más de la mitad, según un informe de Punto Final.
Agregó que Boluarte “se va a allanar a todas las investigaciones”, aunque no precisó cuándo se pronunciará sobre el caso. “En su momento dirá lo que tenga que decir. En este momento está dedicada a terminar de desarrollar la estrategia de aplicación de la emergencia para el Niño Global, a atender el friaje y los fenómenos climatológicos y a la confección de su [próximo] mensaje al Congreso”, matizó.
En medio del mutis presidencial, que se ha extendido por tres días, Otárola agregó que Boluarte ha actuado con “integridad y altura ética”, pese a que más de 20 páginas de la obra incluyen contenido plagiado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El libro, que no consigna editorial ni tiraje, se titula El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2004) y fue hallado por el periodista Christopher Acosta en la Biblioteca Nacional. Luego de someterla a Turnitin, el conocido software antiplagio, obtuvo un hallazgo decisivo: un 55% del contenido proviene de fuentes no citadas.
La conclusión, incluso, fue copiada de manera íntegra. En 2021, cuando Boluarte asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, eliminó la publicación de su trayectoria laboral. Desde entonces, había permanecido oculta. Solo dos coautores respondieron al dominical.
Carmen del Pilar Rivera, abogada en el Ministerio de Salud, tuvo otra reacción: “No le puedo creer, no sabía, juro que ni enterada”, dijo. Punto Final aclaró que buscó el descargo de la mandataria, pero prefirió guardar silencio.
La pesquisa contra Boluarte ha quedado a cargo del magistrado Miguel Puicón, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal especializada en delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual de Lima, y entrará a fase testimonial una vez que finalice el análisis de la obra incautada.
Boluarte ya es investigada por presunto genocidio a raíz de las muertes durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre y marzo. En un reciente informe, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declaró el hallazgo de ejecuciones extrajudiciales y subrayó que había que colocar el foco en Ayacucho, donde las denuncias de brutalidad en los choques podría ser considerada como una “masacre”.
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