
El expresidente Alejandro Toledo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por recibir sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa para adjudicar las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica, será investigado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes de su campaña electoral del 2011.
Como se recuerda, el caso se dio a conocer en el 2018 luego que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, confesó ante la Fiscalía peruana que la firma había apoyado a diferentes aspirantes presidenciales, entre los que estaba el líder del desaparecido partido Perú Posible.
Barata mencionó que dio 700 mil dólares a Abi Dan On, exjefe de seguridad de Toledo Manrique durante su gestión, para que pueda costear sus actividades proselitistas que al final no lograron que vuelva al poder porque terminó en el quinto lugar de la contienda electoral.
A raíz de esta situación, el juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, convocó a una audiencia para el próximo 19 de julio, a las 10 de la mañana, a fin de que evalue el inicio de esta nueva indagación contra el exmandatario.

En paralelo a esto se conoció que la Procuradoría Ad Hoc del caso Lava Jato ha solicitado que Toledo pague una reparación civil por este caso denominado aportes de campaña.
Según el diario El Comercio, el exdignatario deberá abonar US$ 15′744,089.16 millones y S/7′889,313.84 millones. Sin embargo, estas exorbitantes cantidades de dinero no serán costeadas por él en su totalidad, sino que también lo harán, de forma solidaria, los demás procesados en este asunto como Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Surco; el exministro del Interior, Javier Reátegui Rosello; Pedro Abel Rodríguez Aliaga, Juan Boggiano Arias y Abi Dan On.
Hay que precisar que la procuradora Silvana Carrión ha requerido que sea actor civil en este proceso luego que la investigación haya sido formalizada por el Sexto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Toledo y compañía.
Con esto, Toledo estaría afrontando tres casos: los sobornos de Odebrecht en la Carretera Interoceánica, Ecoteva y los aportes de su campaña electoral del 2011.

Incautación en Costa Rica
Hace tres días, el Ministerio Público informó que un total de 6,6 millones de dólares relacionados a los actos de corrupción del expresidente Alejandro Toledo fueron confiscados e ingresados al sistema bancario de Costa Rica.
“La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de 6.635.267 millones de dólares, suma que pasará a ser propiedad del Estado por carecer de causa lícita”, detalló.
En esa línea, desde la Fiscalía mencionaron que este dinero fue inmovilizado por las autoridades costarricenses como parte de la investigación por el caso como Ecoteva, abierto en 2013, en el que Toledo está procesado junto a su esposa Eliane Karp, quien reside en Israel, y su suegra Eva Fenenburg.
“De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en los trámites para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente 20 millones de dólares, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, en el marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos”, agregaron.

De momento, la procuradora ad hoc, Silvana Carrión, informó que el Estado peruano, mediante Cancillería, viene tramitando la entrega de 6.6 millones de dólares que fueron incautados y congelados en Costa Rica.
“Entonces, ahorita están en las coordinaciones y en las gestiones que sí se tienen que hacer de país a país, para que ese dinero sea repatriado”, explicó en entrevista con Canal N.
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