
El Poder Judicial autorizó este martes, de manera excepcional, que la exprimera dama, Nadine Heredia, viaje a Colombia por tres días (del 29 de junio al 2 de julio) para someterse a una prueba de detección de cáncer en la clínica Las Américas de Medellín.
El juez penal nacional de investigación preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala, consideró que el permiso “está justificado por razones estrictamente de salud”, y porque el examen “para detectar posibles células cancerígenas”, dispuesto por una junta médica, solo puede realizarse en el extranjero.
Investigada por supuesta participación en la concesión del Gasoducto del Sur a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014, Heredia había quedado impedida de realizar este viaje a inicios de mes, pues su historia clínica no fue contrastada por especialistas del Ministerio de Salud.

Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, precisó entonces que el documento médico no visibilizaba “afectación” a su “derecho a la salud” ni abundaba detalles del procedimiento.
Sobre la exprimera dama recae una serie de reglas de conducta, como no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. En enero de 2020, el mismo magistrado le impuso 18 meses de impedimento de salida del país por su supuesta participación en la concesión del Gasoducto, adjudicado por más de 7.000 millones de dólares en una licitación controversial que decantó una pesquisa por presunta colusión y negociación incompatible.
“Se ha dado mucha información respecto al caso Gasoducto del Sur y estamos a la expectativa de seguir progresando en esa investigación tan importante”, declaró entonces el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

Barata mencionó que Heredia gestionó y coordinó diversas reuniones para favorecer a la constructora brasileña en la adjudicación de las obras. Meses atrás, Odebrecht había reconocido “pagos ilícitos” para recibir la concesión en un acta firmada en la que determinó su culpabilidad.
Se trata de un caso paralelo a la investigación que centra al matrimonio por delitos relacionados con el lavado de activos, por los cuales hay un pedido fiscal de 20 años de cárcel para Humala, y 26 años y medio para Heredia.
El juicio oral arrancó en febrero del año pasado y es el primero que enfrenta un exmandatario peruano por el escándalo Lava Jato, extendido a una docena de países latinoamericanos.

Heredia ya ha cumplido nueve meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018. Una vez en libertad, ella y su esposo enfrentaron el embargo de su vivienda y, con ello, la incautación de sus muebles como medida preventiva para asegurar el cobro de una indemnización a favor del Estado en caso de que fueran condenados.
Como Humala, son investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), extraditado de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). La Fiscalía también cercó con sus pesquisas al expresidente Alan García (2006-2011), pero, cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.
Odebrecht ha reconocido la entrega de sobornos a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y admitió, de igual modo, que financió las campañas de numerosos excandidatos, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
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