Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación que enfrenta una denuncia por presunta omisión con riesgo de inhabilitación, evitó pronunciarse este lunes sobre los documentos académicos no habidos de su sucesora, Patricia Benavides.
La fiscal suprema, acusada por no abrir investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, indicó que despachar desde la jefatura del Ministerio Público es “muy difícil”, pues “muchas las decisiones gustan a unos y disgustan a otros”.
“Uno de los miembros de la Asociación de Ministerios Públicos dijo que el cargo más difícil en Latinoamérica es ser fiscal de la Nación, pues eres titular de la acción penal [...] He hecho 43 denuncias, a muchos no les ha gustado”, señaló en una entrevista Exitosa, donde deslizó que los cuestionamientos contra Benavides, investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), están sujetos al puesto que ocupa.

En dos días, el Congreso decidirá si inhabilita a Zoraida Ávalos, quien en la víspera solicitó a Benavides convocar a una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos para que emita un pronunciamiento sobre proceso, que podría dejarla fuera de la función pública por cinco años.
“Además de ser injusto en lo personal, resulta un claro atentado contra la autonomía e independencia y un menoscabo del régimen democrático, que se sustenta en un sistema de administración de justicia sólido y libre de injerencias; y, por lo tanto, no puede ser soslayado por nuestra institución cuyo mandato constitucional es velar por la independencia y recta administración de justicia”, se lee en la misiva enviada al Ministerio Público.
Según el semanario, Benavides espera que se ejecute la inhabilitación de Ávalos y Pablo Sánchez, otro fiscal supremo, para que ella misma pueda nombrar a un miembro de esta junta a carta libre, amparada en una ley publicada el 24 de marzo en El Peruano con la firma de la mandataria y el presidente del Parlamento, José Williams.

Un informante de Fiscalía citado por la revista dijo que Benavides apunta a quedarse hasta el 2027, para lo cual será crucial el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos.
Cuestionamientos
A mediados de mayo, la segunda mujer más influyente del país respondió de manera oficial a las acusaciones sobre sus grados académicos, obtenidos en 2008 y 2009 en la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Quiero zanjar de una vez ese tema. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien entregue el producto de largos meses para que hagan escarnio de ellas”, señaló en el 42 aniversario del Ministerio Público.
La JNJ inició una pesquisa por estas irregularidades, pero la magistrada fue hermética con el tema. “He guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, dijo.
Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha sido implicada en polémicos cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y en el uso de su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Recientemente, la JNJ le abrió un nuevo proceso por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos. El constitucionalista Aníbal Quiroga, quien defiende legalmente a la magistrada, indicó que estas denuncias ante la Junta —19 en total— “pretenderían destituirla”.
Para Quiroga, la misma “pugna ideológica” que se volcó contra Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra la representante del Ministerio Público. “La fiscal de la Nación no gusta a algunos, no están de acuerdo con ella, quisieran tener una persona más asequible y, como no la tienen, hay que [hacer todo por] tumbarla”, matizó.
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