
Nuevos detalles se conocen del 7 de diciembre del 2022, fecha en la que el expresidente Pedro Castillo anunció un autogolpe de Estado cuando el Congreso de la República se aprestaba a iniciar un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
Según el diario El Comercio, la Fiscalía allanó ese día Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge como parte de la investigación que se le había iniciado al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Durante las diligencias, los representantes del Ministerio Público —Marita Barreto, Hans Aguirre y Jorge García Juárez— recorrieron las instalaciones del Poder Ejecutivo. Es así que llegaron al segundo piso de la Casa de Pizarro cuando se encontraron con una serie de bolsas de viaje, maletines y bolsas de plásticos en el pasadizo que le habrían pertenecido a Castillo Terrones.
Además, se percataron que había un bolso de tela color azul y blanco que en su interior tenía nueve chips prepago del operador Movistar y cerca a él una caja de celular vacía, de marca Apple, cuya superficie estaba pegado con un papel de color amarillo con el número 970064317.
“La fiscalía indica que realizó la incautación de nueve (09) chips prepago Movistar sellados, encontrados dentro de una bolsa de polietileno color blanco; y, de una (01) caja de celular vacía, de marca “Apple” en cuya superficie se encuentra un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317; bienes hallados durante la diligencia de exhibición e incautación de documentos no privados”, dice el documento que fue obtenido por el diario El Comercio.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos de corrupción de funcionarios realizó una diligencia el pasado 21 de abril para deslacrar todo lo incautado el día que llegaron a Palacio para recoger evidencia contra Castillo Terrones. Sin embargo, al final no lo pudieron porque consideraron que los bienes del exmandatario eran de carácter privada e iban a solicitar el levantamiento de las comunicaciones que iban a contener el chip.
Hay que señalar que la noche del 7 de diciembre, representantes del Ministerio Público se desplegaron por otras instituciones del Estado.
El coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, fiscal adjunto supremo Elmer Ríos, llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En simultáneo, el fiscal provincial de Enriquecimiento Ilícito, Sergio Rojas Cueva, llegó a la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, también se realizan diligencias en los ministerios de Vivienda, Interior, Producción y Trabajo.
Reafirmó su inocencia
El martes pasado, el expresidente Castillo volvió a reiterar su inocencia y haber quebrantado el orden constitucional durante una audiencia judicial sobre el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Indicó que la Fiscalía no tiene los suficientes elementos en su contra para mantenerlo en prisión.
“Me ratifico hoy, una vez más, en que no cometí el delito de rebelión y conspiración. Hoy estoy convencido de que la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito. Son supuestos, dichos, habrías”, manifestó junto a su abogado.
Castillo Terrones le solicitó al juez Juan Carlos Checley “emitir una decisión correcta en base a los argumentos de mi defensa, una decisión sin apasionamientos, parcialización en mi contra, firme y en honor a la justicia sin presión mediática”.
“Emita una decisión correcta y no con supuestos, toda vez que yo no cometí el delito de rebelión ni de conspiración. En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad toda vez que estoy privado de ella injustamente”, insistió.
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