La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó este miércoles una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo.
La acusación salpica a Imelda Julia Tumialán, presidenta del organismo; al vicepresidente Aldo Vásquez; y a los demás titulares, Henry Ávila, Luz Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
En la víspera, la JNJ publicó un comunicado en el que pidió al Legislativo “mayor reflexión” en el debate y votación sobre el futuro de Ávalos, denunciada en 2022 por haber omitido, rehusado y demorado —según el Parlamento— actos funcionales en la investigación al expresidente Pedro Castillo.
La iniciativa será votada el jueves y propone inhabilitar la fiscal suprema por cinco años, lo que sentaría un mal precedente a los ojos de la JNJ. “La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones”, se lee en el oficio.
El organismo mencionó, además, que la intención de su misiva no es acudir “en defensa de una persona”, sino defender “garantías universales propias de la función judicial y fiscal”.
En múltiples entrevistas, Ávalos ha rechazado la acusación y, en cambio, remarcó que fue la única fiscal de la Nación que abrió el camino de las investigaciones contra Castillo y el también exmandatario Martín Vizcarra.
Solo hace unos días, un informe de Hildebrant en sus trece reveló que la fiscal de la Nación habría adoptado una estrategia para copar “a dedo” a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
Según el semanario, Benavides espera que se ejecute la inhabilitación de Ávalos y Pablo Sánchez, otro fiscal supremo, para que ella misma pueda nombrar a un miembro de esta junta a carta libre, amparada en una ley publicada el 24 de marzo en El Peruano con la firma de la mandataria y el presidente del Parlamento, José Williams.
Investigaciones
La JNJ investiga a la segunda mujer más influyente del país, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, por supuestas irregularidades en sus grados académicos obtenidos en 2008 y 2009 en la Universidad Alas Peruanas (UAP).
Recientemente, el organismo le abrió un nuevo proceso por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos.
Benavides también ha sido implicada en polémicos cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y en el uso de su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Para Quiroga, la misma “pugna ideológica” que se volcó contra Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra la representante del Ministerio Público. “La fiscal de la Nación no gusta a algunos, no están de acuerdo con ella, quisieran tener una persona más asequible y, como no la tienen, hay que [hacer todo por] tumbarla”, matizó.
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