Comisión de Defensa aprobó por insistencia la ley que faculta entregar armas no letales al serenazgo

A pesar de la observación hecha por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que faculta al personal de serenazgo de los distritos a que puedan acceder a armas no letales para combatir la delincuencia que se percibe en las calles de Lima Metropolitana y Callao.

De esta forma, la iniciativa legislativa 01337 que modifica la ley del servicio de Serenazgo Municipal tendrá que ser reglamentada en los próximos 30 días con el fin de que entre en vigor. Así, cada comuna distrital de la capital y el primer puerto tendrá que proveer de una serie de elementos para reducir a la persona que esté en un comportamiento no idóneo dentro de sus respectivas jurisdicciones.

“El equipamiento, según los recursos de cada municipalidad, es el siguiente: grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y escopetas con cartuchos de perdigones de goma para el cumplimiento de sus funciones; teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana, respetando los derechos fundamentales de las personas”, se lee en el documento.

“La autoridad municipal, de acuerdo a su disponibilidad presupuesta!, proveerá de los recursos respectivos para el equipamiento, la capacitación y las evaluaciones psicológicas periódicas a los serenos municipales”, agrega.

En el proyecto también se menciona que el serenazgo tendrá capacitación de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en las escuelas técnicos superiores ubicadas en las respectivas provincias o en las unidades de las regiones policiales y militares.

El congresista Américo Gonza (Perú Libre), autor de la iniciativa, explicó que impulsa en dotar de armas no letales a los serenazgos, ya que ellos son los primeros en acudir a las emergencias y son los que se enfrentan en casi todas las ocasiones a los delincuentes con las manos vacías.

“Esta reforma permite que el serenazgo tenga un solo uniforme, un seguro de vida contra accidentes, la reforma que emprendemos es profesionalizarlos, capacitarlos, darles una línea de carrera, de tal manera que el estado invierta en su capacitación y pueda hacerse un proyecto de vida para que puedan mantener a su familia con holgura”, sostuvo.

Observaciones

El Gobierno había planteado observaciones al proyecto de armas no letales para el personal de serenazgo. En un oficio remitido a José Williams, titular del Parlamento, recordaron que “fuerza pública es ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional y, excepcionalmente, por las FF. AA. en las situaciones expresamente previstas en el texto constitucional”.

Indicaron que el personal de serenazgo, en caso de ser dotados con armas no letales, solo podían recibir varas tonfa y escudos. “El uso de estos dispositivos está destinado al arresto, ejerciendo la fuerza del Estado; [...] solo la Policía Nacional del Perú se encuentra facultada a realizar el arresto”, se lee en el texto.

Además, enfatizaron que las Fuerzas Armadas no podían estar a cargo de las capacitaciones a los serenos debido a que tienen otras funciones específicas de acuerdo a la Constitución Política: la guerra, lucha contra el narcotráfico y terrorismo.

La Defensoría del Pueblo, en cambio, destacó la acción del Gobierno e indicó que “la aprobación de esta iniciativa pondría en riesgo la vida e integridad de serenos y de la ciudadanía”. “Conforme advertimos, y es resaltado por Ejecutivo, la lucha contra la criminalidad y el uso de la fuerza solo corresponde a la PNP. Insistimos en necesidad de fortalecer al serenazgo, asegurando justa remuneración, pagos oportunos, equipamiento y constante capacitación”, mencionó en un comunicado.

La postura de esta entidad es una confirmación al análisis de la propuesta que hizo en noviembre del año pasado. “La Defensoría del Pueblo advierte su preocupación debido a que se plantea que la provisión del equipamiento para el serenazgo esté condicionada a la disponibilidad presupuestal de las municipalidades. Esta fórmula resultaría contraproducente con la situación real y déficit en la recaudación tributaria de algunos municipios, con una morosidad promedio mayor o igual al 40 %, como ocurrió en 2021″, señaló en ese momento.