Nueve reos secuestraron a personal del INPE y una abogada en penal de Piura

Un grupo de internos del penal ex Río Seco de Piura secuestró este martes por la mañana a un recluso, un agente de seguridad penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una abogada, la primera rehén que quedó en libertad, según Canal N.

El medio difundió un clip grabado por un recluso de nacionalidad extranjera, quien protagonizó la medida de protesta al solicitar su traslado a otro establecimiento. “Nosotros no nos vamos a mover de acá. Esto es para que lo tengas y lo mandes a la prensa”, se le escucha decir.

Una fila de familiares esperaba en los exteriores del recinto carcelario, impedidos de paso. La Fiscal Adjunta Provincial, María Lazo Alburqueque, y personal del Grupo de Operaciones Especiales del INPE llegaron hasta el establecimiento para escuchar las demandas en busca de una negociación.

Pasadas las 16:00 horas, la Defensoría del Pueblo confirmó que los rehenes fueron liberados en coordinación con Fiscalía y la Policía Nacional (PNP). De igual modo, solicitó a la institución penitenciaria a iniciar una investigación para “establecer motivos del motín y tomar medidas correctivas”.

Los reclusos, algunos extranjeros, exigían ser reubicados de una zona de castigo, denominada ‘El hueco’, donde permanecen desde hace cinco meses, según sus allegados. Los nueve internos fueron identificados como Raúl Vera, Delver Gómez, Sadith Córdova, Maximiliano Pereza, Ricardo Taboada, Hugo Reguera, Wilferson Castillo, Jeremy Aguilar y Yovanny Samame.

En su pronunciamiento difundido en Twitter, el INPE expuso su “preocupación” sobre las imágenes propaladas en medios y redes luego de que una fiscal autorizara la entrega de un celular a uno de los internos para que grabara “una situación de crisis, lo que implica divulgar la ejecución del presunto delito de secuestro agravado y extorsión”.

La institución también comunicó que instruyó “a su procuraduría a fin de denunciar a los involucrados” por ambos delitos. “El INPE será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad de los penales y exhorta a la población penitenciaria a mantener una convivencia pacífica”, finaliza el texto.

La revuelta ocurre dos meses después de un mega operativo que acabó con la detención del director del mismo penal y 23 funcionarios por formar parte de presunta red criminal dedicada al ingreso de celulares, drogas y cobro de cupos en el interior del establecimiento.

Ubicado en el caserío Río Seco de Castilla (Piura), el establecimiento fue construido para 600 internos, pero hasta fines de 2019 albergaba al menos 1,400. Al año siguiente, en medio de la pandemia, un grupo se amotinó para reclamar adecuada atención médica y protección ante el contagio del coronavirus, una situación advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en uno de sus informes.

Asimismo, los motines habrían dejado a más de un centenar de personas heridas; en particular, al menos a 45 personas detenidas, 60 trabajadores carcelarios y cinco policías.