Esta tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuestionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluye que hubo “graves violaciones” en las protestas contra Dina Boluarte. El premier señaló que no se puede emitir información por una visita de tan pocos días, así como también se proteja solo a aquellos que “reclaman”.
El titular señaló que el “papel fundamental” de la CIDH, como organismo internacional, “es la protección y la defensa de los derechos humanos de toda la población y no solo de aquellos que reclaman un nuevo cambio de la política de gobierno o una nueva constitución”, agregó.
Asimismo, indicó que las dos visitas de los comisionados no habrían permitido concluir que hubo “usos excesivos de la fuerza”, por lo que pidió que debe ser “reforzado”.
Caso José Luis Soncco
Por otro lado, mencionó que, sobre los casos de militares y efectivos policiales heridos, la CIDH “no ha hecho un análisis consensuado, no los ha entrevistado, pese a que ellos son los que resguardan la seguridad nacional y el bienestar cada uno de los peruanos.
Particularmente, hizo mención del suboficial PNP José Luis Soncco, de quien indicó que fue “quemado vivo” por manifestantes dentro de un patrullero en Puno. “Solo ha mencionado como un hecho más, 10 palabras se refieren a él (Luis Soncco), en un informe de 107 páginas”, indicó.
No obstante, hace más de un mes se reveló el informe pericial de necropsia n.º 019-2023, la que detalla la causa de la muerte del efectivo. En este documento se menciona que fue por “traumatismo encéfalo craneano (TEC) por objeto contundente”. El caso se encuentra en investigación por la Fiscalía y se conoce que se ha capturado a sospechosos.
Postura de Gobierno peruano
Desde otro punto, en representación de los ministros reafirmó que “el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de los derechos humanos”. A su vez, mencionó que han atendido a todos los representantes de la Comisión Internacional para dar detalles de las protestas que se registró en el último mes de 2022 e inicios de 2023.
Además, recalcó que este documento presentado por la CIDH no es una “sentencia”, sino “estamos ante el reporte de un informe técnico temático que mantiene una seria de recomendaciones, que son 36 en su totalidad y que alcanza a varios organismos del Estado”.
Es decir, que estas “recomendaciones” deben ser trabajadas por las diferentes instituciones públicas. El premier también calificó de “acertado” que se haya informado de un golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.
En tanto, recalcó que el gobierno de Dina Boluarte aprobó un apoyo económico a favor de los deudos de los fallecidos y heridos. Este beneficio también alcanzó para los miembros del Ejército que fallecieron en Ilave, Puno. Es así como se ha brindado este subsidio a 103 personas heridas de gravedad y 111 deudos de 61 ciudadanos.
Finalmente, propuso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la “implementación de un mecanismo de seguimiento de sus recomendaciones a través del relator país”.
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