Hace dos años, la presidenta de la república, Dina Boluarte, el exmandatario Pedro Castillo, y Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, conformaban el trío que buscaba llegar a Palacio de Gobierno. Este objetivo lo consiguieron a la posta contra todo pronostico, pero esto también trajo un costo que significó que se investigue cómo solventaron los gastos de la campaña electoral porque era conocido que no tenían muchos recursos económicos a comparación de otras agrupaciones.
Según el diario La República, Ricardo Barzola Carhuancho presentó una denuncia penal contra Boluarte, Castillo y Cerrón por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal ante el Ministerio Público. En el escrito, además, incluye a los congresistas Guido Bellido, Waldemar Cerrón y Silvana Robles, así como a 15 exfuncionarios y servidores de la gestión de Fernando Orihuela en el Gobierno regional de Junín (GRJ).
Barzola sostiene en su acusación que la Gerencia de Infraestructura y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del GRJ fueron usadas para captar fondos a favor de la campaña de Perú Libre en el 2021. “Como elemento de la organización criminal, su modus operandi fue tener doble planilla y trabajadores fantasma”, señala.
En esa línea, el denunciante agrega también que hubo compras sobrevaloradas, contrataciones por cuatro millones de soles, presuntos pagos dobles y una aparente “planilla fantasma de obreros en obras”.
Además, Barzola menciona que existió una supuesta sobrevaloración en la compra de mascarillas durante la pandemia en el Gobierno regional de Junín. En la trama de corrupción se dio con que las empresas ganadoras de las licitaciones falsificaron proformas que no resultaron alertadas por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
El denunciante acota que al interior del GRJ también se solicitó una cuota de 100 hasta los 1.500 soles a los funcionarios para que sean destinados a las actividades proselitistas de la plancha presidencial de Perú Libre que postulaba a Castillo y Boluarte.
Investigación en curso
El miércoles pasado se informó que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exasesor Henry Shimabukuro y el exmandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.
“La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021″, detalló la fiscalía a través de un hilo de Twitter. Hasta esa fecha, Boluarte, Shimabukuro y Castillo venían siendo investigados solo por dos presuntos delitos: lavado de activos y organización criminal.
De acuerdo a una disposición fiscal, de fecha 19 de enero de 2023, se sospecha que Boluarte realizó una serie de “operaciones sospechosas” para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la república.
La situación legal de la mandataria se complicó luego que su exasistente Maritza Sánchez revelara que Shimabukuro, investigado por presuntamente ser un exasesor en la sombra de Castillo, y otros empresarios dieron aportes de dinero no declarados a favor de la campaña de los perulibristas en 2021.
Rafael Vela, Fiscal y Coordinador de la Fiscalía por lavado de activos, apoyó la decisión del fiscal Richard Rojas de ampliar los cargos por los que se le investiga a la presidenta Boluarte, el exmandatario Castillo y Shimabukuro.
Vela aclaró que el caso de Boluarte también está vinculado a una investigación anterior que se le había abierto en junio del 2021 y que tienen relación al delito de lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña de la primera vuelta del partido Perú libre y la organización criminal ‘Los dinámicos del Centro’ y ‘Los Tiranos del Centro’.
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