Horror en Puno: violan en “manada” a enfermera dentro de hospital y la torturan hasta dejarla al borde de la muerte

Una enfermera de 32 años y madre de tres niños se halla en cuidados intensivos, luego de ser ultrajada sexualmente por dos compañeros de trabajo, en Juliaca, en la región Puno. La profesional de salud fue torturada por sus agresores, pues según la familia de la víctima y reportes oficiales estos le ocasionaron graves daños y mutilaciones en sus zonas genitales. Este último ataque se suma a una seguidilla de casos de violencia de género que han conmocionado a la población por la crueldad con la que fueron ejecutados.

“Estamos dolidos por toda esta situación que está pasando en mi familia. Ella está en coma. Le cercenaron la vagina hasta los huesos, hasta el ano, está comprometido el intestino grueso. Ha sufrido una operación de seis horas. Estamos indignados, todo esto ha sucedido por causa de sus propios colegas de trabajo. Pido al Ministerio de la Mujer y el Colegio de Enfermeras que intervengan inmediatamente”, clamó el tío de la víctima ante un medio local.

La mujer que hoy se debate entre la vida y la muerte es trabajadora de la Red Asistencial de Juliaca del Seguro Social de Salud (EsSalud) y la institución ha negado que los dos compañeros que abusaron de ella sean trabajadores de la organización. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, ha precisado que colaborarán con las investigaciones.

La noche del viernes 31 de marzo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a los presuntos responsables del delito, quienes han sido identificados como Renato Francisco Quispe Ramos (26), personal de seguridad del referido centro de salud, y Dino Álvarez Limahuay (30), quien es miembro del área administrativa del nosocomio.

La joven fue hallada por los agentes policiales gracias al llamado de auxilio del propietario del inmueble, Bernardo Tuni Yamposi (59), quien alertó que se escuchaban gritos y música con alto volumen.

Los dos sujetos son investigados de forma preliminar por los delitos de violación sexual y tentativa de feminicidio, pues la víctima fue ubicada en medio de un charco de sangre en el domicilio de uno de ellos.

Violencia creciente

La madre de tres menores de seis años, cuatro y un bebé de ocho meses se suma al historial de víctimas de feroces ataques perpetrados en las últimas semanas.

Hace dos semanas Katherine Gomez, de apenas 18 años, fue quemada viva por su expareja, Sergio Tarache Parra, quien se halla prófugo. Días después causó indignación colectiva la noticia de que una niña de solo 11 años había sido torturada y al borde de la muerte al luchar contra Yeison Lucano Leiva, quien intentó violarla, en un centro poblado de Ucayali. La primera falleció luego de varios días de agonía en cuidados intensivos y la menor también se debate entre la vida y la muerte, pues hay graves lesiones en su cerebro.

Luego de ocurridos ambos casos, la Defensoría del Pueblo alertó que los derechos de las mujeres se hallan en emergencia, pues han identificado que los crímenes contra los cuerpos de las adultas, niñas y adolescentes se ejecutan con mayor crueldad y ensañamiento.

Ante esta problemática con cifras en ascenso, la Defensoría, junto a organizaciones de la sociedad civil ha señalado sobre la necesidad del cumplimiento de la normativa vigente sobre la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), así como la urgente culminación de la reestructuración de los servicios que atienden a mujeres víctimas de violencia, como los CEM, las Demuna y las UPE.

Solo en lo que va del 2023, se han denunciado 1.704 casos de violaciones sexuales. En más del 60% de los casos las víctimas fueron menores de edad y de este grupo, más del 90% fueron niñas y adolescentes. Es decir, estos ataques van dirigidos principalmente contra ellas.

Asimismo, hasta fines de febrero se cuentan ya 33 feminicidios. Lo más doloroso es que entre las asesinadas también se contabilizan menores de edad. Por otra parte, se han perpetrado 43 tentativas de feminicidio solo en los dos primeros meses del año, según estadísticas oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Es necesaria la emisión de una política nacional contra la violencia basada en el género, con presupuesto específico y que comprenda una estrategia nacional de prevención que incluya acciones concretas, metas e indicadores en todos los niveles del Estado, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres”, indicó la Defensoría sobre la situación de violencia que padecen las mujeres peruanas.