En el Congreso de la República presentaron esta tarde una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la violenta intervención que la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el 21 de enero pasado. La autora de la iniciativa es la parlamentaria Katy Ugarte, quien no pertenece a ninguna bancada.
Según el documento, Romero debería ser destituido del Mininter porque las respuestas que ofreció durante la interpelación a la que fue sometido el 9 de marzo pasado ante el Pleno del Parlamento “no han sido satisfactorias, ni han esclarecido ni mucho desvirtuado los hechos materia de la interpelación”.
Por ello, la moción indica que hay responsabilidad política de Romero por el abuso de autoridad y excesivo uso de la fuerza que tuvieron miembros de la PNP en la sede de la Decana de América. Se indica que habría demostrado que carece de liderazgo e idoneidad para conducir este sector. Hay que mencionar que él llegó en reemplazo de Víctor Rojas.
El documento lleva las rubricas de integrantes de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Perú Bicentenario y Podemos Perú.
Aparte de esta moción de censura, Romero también cuenta con una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). La promotora es Ruth Luque, de la bancada de Juntos por el Perú-Cambio Democrático, quien señala que el titular del Interior habría infringido al menos cinco artículos de la Constitución. Se trata de las normas 1; 2; 39; 44 y 118 referidos a la protección y dignidad humana; deber de protección de la vida e integridad física y psicológica de toda persona, entre otros.
Incluye también en su acusación a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola.
Luque Ibarra refirió que las citadas autoridades fueron denunciadas debido a los últimos acontecimientos en el país, esto es, los presuntos abusos de poder de parte de los agentes del orden (ya en investigación), en distintos puntos del país; y la intervención policial en la UNMSM, donde fueron desalojados los manifestantes que tomaron dicha casa de estudios como alojamiento.
“Resulta evidente que el objetivo de la PNP como había ocurrido en diciembre 2022 era obstruir las nuevas manifestaciones y reprimir la protesta social de modo inconstitucional utilizando sus armas y supuestas solicitudes para alcanzar fines ilícitos”, se lee en el texto. Se destaca que, para los fines policiales anteriormente mencionados, “se mancilló el honor de casi dos centenares de peruanos y se puso en riesgo su integridad”.
La intervención
El pasado 21 de enero, las fuerzas policiales irrumpieron en el campus de la casa de estudios y embistieron la puerta con un vehículo blindado. Tras hacer tumbar al suelo a decenas de manifestantes y realizar allanamientos, la Policía salió con 193 personas detenidas.
Por la violenta intervención, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación el pasado 8 de febrero por los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
Entre policías que serán investigados por la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima figuran los jefes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DINICR), Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el departamento de servicios especiales “Águilas”, entre otros.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los desalojos violentos y detenciones masivas en San Marcos.
El organismo internacional rechazó el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que intervinieron la casa de estudios, donde se encontraban 193 personas, entre ellas una mujer embarazada; niñas y niños; personas indígenas; personas mayores; estudiantes; y cuatro periodistas.
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