Este viernes tres de marzo, el juez Juan Carlos Checkley Soria reprogramó la audiencia de prisión preventiva por 36 meses, para el martes siete de marzo, contra el expresidente Pedro Castillo.
La medida se dispuso a solicitud del abogado del exmandatario, Eduardo Pachas. Ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, este también insistió en que las sesiones se realicen de forma presencial. De esta manera, supone, el exmandatario accederá una legítima defensa.
El letrado alegó que su defendido enfrenta serias atribuciones de parte del Ministerio Público, entre ellas, liderar una presunta organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
Actualmente, Castillo Terrones permanece recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, con una prisión preventiva 18 meses. Esta medida fue dictada el 16 de diciembre del año pasado, también por el magistrado Checkley Soria, debido al golpe de Estado (rebelión, conspiración y abuso de autoridad) al que incurrió el exlíder de Perú Libre.
La investigación se desarrolla tras la denuncia constitucional que presentó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del 2022. El expediente no solo incluye al ex Jefe de Estado, sino también a sus ministros Geiner Alvarado (Vivienda Construcción y Saneamiento) y al prófugo Juan Silva (Trabajo y Comunicaciones).
En la audiencia presidida por el citado juez, también estuvieron presentes los abogados de Alvarado López y Silva Villegas. A la defensa legal del exministro de Vivienda -liderada por la excongresista Rosa Bartra- se sumó su colega Humberto Abanto.
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La Fiscalía pidió durante la audiencia que el tiempo de cuarenta minutos que se le atribuirán -para sustentar su investigación en contra de los tres exfuncionarios- sea extendido debido al amplio expediente del caso.
“Quisiera manifestar la posibilidad de ampliar el plazo que se ha concedido para usar el uso de la palabra, que corresponde al Ministerio Público, pero por la gravedad de los delitos, la cantidad de los investigados y los involucrados (...) es muy poco el tiempo”, comentó la fiscal Meza.
Al respecto, el magistrado Juan Carlos Checkley solo accedió a brindarle una hora en total para presentar los alegatos.
Otras fricciones se produjeron en la sesión debido a que el abogado Humberto Abanto, en defensa del exministro Alvarado, sostuvo que la representante del Ministerio Público no se refería “en condicional” a los delitos que se le atribuyen a su patrocinado.
“Dr. Abanto, he repetido que se les está atribuyendo, presuntamente, la comisión de esos delitos. Nosotros somos muy respetuosos del debido proceso, de las garantías y principios que rigen el mismo, así como los derechos de los propios investigados”, respondió la fiscal.
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