Un juez de San Francisco (California) revocó este jueves el acuerdo de fianza que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) consiguió en 2020 y que garantizaba su arresto domiciliario, confirmó la agencia AFP.
El pedido había sido elevado por los fiscales estadounidenses, así como la presentación ante las autoridades del exjefe de Estado, cuya extradición fue aprobada esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, había informado que el pedido de revocatoria buscaba dejar sin efecto el arresto domiciliario concedido al exmandatario en marzo de 2020, tras el pago de una fianza de 500 mil dólares.
“El gobierno americano presentará el pedido de la revocatoria de la fianza para que la corte pueda resolver nuevamente su detención y pueda el señor (Alejandro) Toledo ser entregado al Estado peruano”, anunció el miércoles en RPP.
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Toledo fue detenido en 2019, cuando era investigado por las autoridades peruanas, y al año siguiente fue colocado en prisión domiciliaria en su casa en San Francisco. Tiene su pasaporte retenido por la justicia estadounidense, y es vigilado con un grillete electrónico.
El político es acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener licitaciones para obras públicas. El exmandatario niega las acusaciones y ha intentado varios recursos legales para bloquear el pedido de extradición que Perú busca desde 2018.
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Claves
Sus abogados solicitaron nuevamente a la justicia de California una suspensión definitiva o temporal del pedido de extradición. “Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas”, sostuvo su defensa legal, que basa su pedido en la crisis política y la decisión del Congreso de destituir a Pedro Castillo.
En el caso de Toledo, fueron claves los testimonios de su antiguo colaborador, Josef Maiman, y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, quienes confirmaron los sobornos de la gigante constructora brasileña.
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El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación al escándalo de Odebrecht.
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