Perú no podrá volverle a comprar a España, por lo menos por ahora, más material antidisturbios para usarlas en las movilizaciones sociales organizadas. El gobierno de ese país decidió suspender la exportación de los artículos utilizados para la represión policial. La empresa española Maxam fue la que fabricó los proyectiles que lanzaron las fuerzas del orden a la multitud protestante durante los últimos meses.
Esto lo confirmó José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante su intervención en la comisión del último martes 21 de febrero en el Congreso de España, tras el reclamo de los parlamentarios de diversas bancadas.
Hace unos días, Amnistía Internacional, organización que tiene como misión el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, solicitó al gobierno español la suspensión de la venta del material al Perú. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, son más de medio centenar de muertes a causa de la dura represión policial.
Las protestas sociales en el país iniciaron, tras la vacancia de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte en la Presidencia de la República. El exmandatario terminó saliendo de Palacio de Gobierno, luego de su fallido intento de golpe de Estado. Por sucesión presidencial fue Boluarte, en ese entonces vicepresidenta, a quien le tocaba jurar al cargo.
Entre los pedidos de la población movilizada, figura la renuncia de Boluarte, así como el cierre del Congreso de la República, el llamado a nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo y una nueva Constitución Política.
Cabe señalar que Amnistía Internacional confirmó que España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Se calculó en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios.
Industria de armas
Según cifras oficiales, entre 2010 y 2019, Perú ocupó el puesto 36º de los 122 países clientes de la industria de armas española, con un valor de las exportaciones de material de defensa por 103,8 millones de euros, un puesto similar al ocupado por Marruecos y Portugal.
En un inicio, el gobierno de España reconoció que estaba siguiendo con “atención” el desarrollo de los acontecimientos” y que cualquier solicitud de exportación de material policial se analizaba “caso por caso” al considerar a Perú un “destino sensible”, pero que el comercio “seguía abierto”.
La respuesta no convenció a Amnistía Internacional, que en otro comunicado de prensa aclaró que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba “legalmente obligado” a suspender el envío de armamento en este contexto represivo.
El pasado jueves 16 de febrero, la organización defensor de los derechos humanos presentó las primeras conclusiones de su misión en Perú. Entre las evidencias aparece la confirmación que las municiones fabricadas en España fueron utilizadas por las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos.
El Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional concluyó que en la represión de las manifestaciones se usó proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam.
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