La corta gestión presidencial de Dina Boluarte está marcada por una violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que deja, hasta el momento, más de 50 fallecidos y mil heridos por las masivas protestas en Lima y diferentes regiones del país. Este panorama preocupante ha sido replicado por un estudio de una prestigiosa institución internacional.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló un cuadro en el que ubica a la administración de Boluarte como la segunda con mayor número de víctimas humanas desde el 2000 hasta ahora. Es superada por el expresidente colombiano Iván Duque, quien acumuló 83 muertos durante su gestión entre 2018-2022.
Detrás de Duque y Boluarte se encuentran los exmandatarios Fernando de la Rúa (Argentina), Jeanine Arce (Bolivia), Sebastián Piñera (Chile), Roberto Micheletti (Honduras) y Lenin Moreno (Ecuador).
Trágica imagen internacional
El dato sobre el número de fallecidos mella más la imagen de la presidenta Boluarte ante la comunidad internacional.
Las protestas contra su gobierno comenzaron tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
En la ciudad de Andahuaylas (Apurímac) se registró las primeras víctimas el pasado 11 de diciembre. Se trató de un menor de edad y un joven de 18 años. Sin embargo, aquel día también se informó que un proyectil acabó con la vida de Remo Candia Guevara (50), presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana, en Cusco.
Las violaciones a los derechos humanos continuaron al día siguiente, 12 de diciembre, cuando otras cinco personas murieron en Arequipa, Puno y Apurímac durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La situación se agravó más cuando la jefa de Estado dispuso la declaratoria del Estado de Emergencia en regiones con alto nivel de conflictividad. La medida representaba la llegada de personal militar a zonas donde se registraban constantes y violentos enfrentamientos.
La escalada de violencia se agudizó más a tal punto que para el 17 de diciembre ya habían 29 víctimas mortales.
Lejos de buscar el diálogo, la presidenta Boluarte siguió con su discurso confrontacional y se mostró a favor del accionar del personal policial y militar en el control de las regiones.
“Las fuerzas armadas han salido para poder cuidar y proteger a ustedes, hermanas y hermanos, porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas. Y estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana. Tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Han fallecido menores de edad en el transcurso de trasladarse de su lugar de origen a la capital por un tema de salud y no los dejaron pasar en las carreteras. Es muy doloroso”, comentó.
La masacre de Puno
Las fiestas de fin de año motivaron que las protestas contra Boluarte se reactiven recién el 4 de enero.
En esta ocasión, Puno resultó ser la ciudad donde se registró 17 fallecidos el pasado 9 de enero por los enfrentamientos entre los manifestantes y los militares y policías. Por esta fatídica cifra, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la responsabilizó de forma directa a la jefa de Estado de la “represión policial” y solicitó su renuncia inmediata.
“Nos solidarizamos con los familiares y víctimas 45 víctimas, 39 muertes por la represión, 460 heridos, decenas de viviendas allanadas, cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos, etc. ¡Renuncie, pdta. Dina Boluarte!”, escribió.
“Esto demuestra un total desprecio de la vida humana por la presidenta Dina Boluarte y su gobierno. Las/os ministros y la presidenta Boluarte tendrán que asumir su responsabilidad política y penal por esta masacre, y responder ante los tribunales nacionales, y en los tribunales internacionales, si fuera el caso”, agregaron.
En esa línea, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, también pidió la salida de la presidenta.
Víctima en Lima
El sábado pasado se registró la primera muerte en Lima. La víctima fue identificada como Víctor Santisteban Yacsavilca (55), confirmó la Defensoría del Pueblo. La jefatura de guardia del Hospital de Emergencias Grau, adonde fue derivado inicialmente, coordina con la Fiscalía de la Nación para las diligencias de acuerdo a ley.
La legisladora Ruth Luque indicó que el deceso ocurrió a las 20.50 horas por un traumatismo encefalocraneano (TEC) severo. “Una dolorosa noticia que exige urgentes respuestas políticas”, tuiteó.
EsSalud anunció que el fallecido llegó “policontuso” con un “traumatismo encéfalo craneano grave”, luego publicó un nuevo comunicado donde indicó que llegó con una “herida contuso cortante”, “mal estado general” y “trastorno de conciencia”. Además, especificaron que fue producto de un golpe y no detallaron la gravedad del caso.
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