La Fiscalía de la Nación informó ayer que el ministro del Interior, Vicente Romero, será investigado por el presunto delito de omisión de actos funcionales por la intervención policial realizada el pasado 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a casi 200 personas , entre alumnos y manifestantes provenientes del sur del país.
De esta manera, Romero tendrá que responder por el operativo policial que instituciones y gremios que defienden los derechos humanos, así como reconocidos abogados, catalogaron como “ilegal” argumentando que “no se respetaron” los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, más allá del Estado de emergencia en Lima.
Sin embargo, no es el único. Sus predecesores en el cargo como César Cervantes y Víctor Rojas también se encuentran en calidad de investigados.
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El pasado 6 de enero el Ministerio Público informó que había iniciado diligencias previas para investigar las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el mismo Cervantes por las primeras muertes ocurridas en diciembre del año pasado.
Además, el congresista Alex Flores (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra Cervantes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por la ola de violencia que se registra en Ayacucho, donde se reporta nueve fallecidos y 55 heridos producto del enfrentamiento entre ciudadanos con los agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El pedido, que incluye a Otárola, señala que Cervantes habría cometido los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, lo que generaría la infracción en los artículos 39 y 44 de la Constitución y tipificados en los artículos 108 y 121 del Código Penal.
Con este caso, Cervantes fue relevado en el cargo por Víctor Rojas.
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Con Rojas también se repitió la historia. Las sucesivas represiones policiales en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho provocaron que la Fiscalía también lo incluya dentro de las investigaciones por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones.
Una ministra menos
Sandra Belaunde Arnillas renunció este miércoles al Producción luego de más de un mes de asumir el cargo y tras ser ratificada en el segundo gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Los motivos de su salida aún no se conocen.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otarola, aceptó la carta de renuncia de Belaunde Arnillas y le agradeció su “compromiso en los dos meses de gestión”.
Por la mañana, en Palacio de Gobierno, no todos estaban enterados de la renuncia. El ministro de Economía, Alex Contreras, al llegar a la sede la PCM, declaró que no tenía información de la salida de la titular de Produce y agregó que conversaría con ella.
Añadió que si alguien siente que no puede brindar su mejor desempeño es mejor renunciar “considerando el contexto”.
La ministra renunciante se había desempeñado como jefa de Estudios Económicos en el Ministerio de Cultura (Mincul), Asesora de Ministro en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio (Produce) en el Ministerio de la Producción.
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