El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó ajustes por $186.83 millones al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.
Los cambios, asegura, buscan reforzar recursos destinados a salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y necesidades sociales.
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La medida forma parte de la Resolución de Gabinete 142-26, que aprobó el presupuesto modificado sin alterar su monto global de $35,111.75 millones.
El proyecto también prevé un déficit fiscal alineado con las metas oficiales de consolidación de las cuentas públicas y sostenibilidad de la deuda.
La decisión permite al Ministerio de Economía y Finanzas incorporar los cambios al proyecto de ley 644 y remitir la resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Se manifestó que el objetivo es adecuar las partidas tras las recomendaciones legislativas, sin exceder el total presupuestario previsto para la vigencia fiscal de 2027.
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El documento señala que las modificaciones recogen los planteamientos de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego del análisis y las vistas presupuestarias realizadas sobre la iniciativa.
En ese proceso participaron instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.
Las instancias involucradas revisaron las asignaciones originalmente propuestas y las necesidades planteadas por cada organismo.
Las recomendaciones incluyeron aumentos para determinadas instituciones, además de movimientos y redistribuciones entre partidas.
La finalidad busca fortalecer la capacidad operativa estatal, cubrir compromisos institucionales y respaldar programas y proyectos definidos como prioritarios para la población.
La resolución no detalla en el texto las entidades que recibirán los incrementos ni el monto específico asignado a cada una. Sí establece que las modificaciones fueron examinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas antes de su incorporación al proyecto.
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La evaluación técnica, presupuestaria y fiscal consideró la disponibilidad de recursos, la naturaleza de los gastos solicitados y la prioridad de cada requerimiento.
El ministerio también revisó la viabilidad de ejecutar las asignaciones propuestas y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas. Ese análisis derivó en la incorporación de los ajustes aprobados por el gabinete.
Las partidas adicionales apuntan a mejorar la distribución de los recursos disponibles y a aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones estatales en áreas vinculadas con servicios esenciales e inversión pública.
La resolución vincula el déficit previsto con los objetivos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. El texto sostiene que el proyecto respeta los límites fijados por esa norma, junto con los compromisos de consolidación fiscal y manejo sostenible de la deuda pública.
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Las solicitudes relacionadas con infraestructuras hospitalarias afectadas por la emergencia nacional no se atenderán mediante las partidas ordinarias incluidas en la modificación presupuestaria.
El documento indica que esos requerimientos se cubrirán con los mecanismos extraordinarios previstos para la emergencia. Con esa decisión, el Gobierno busca evitar duplicidades en la asignación de fondos.
La resolución también contempla los riesgos asociados a fenómenos naturales y climáticos que puedan afectar a la población, la infraestructura, las actividades productivas y la prestación de servicios públicos esenciales.
En ese contexto, se incluyó la Resolución de Gabinete No. 80, que declaró el estado de emergencia nacional a causa del fenómeno de El Niño.
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La autorización faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a integrar las modificaciones correspondientes al proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para 2027.
Una vez incorporados los cambios, la Resolución de Gabinete deberá ser sometida a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El trámite legislativo continuará con el análisis de las nuevas asignaciones y redistribuciones aprobadas por el Órgano Ejecutivo dentro del techo presupuestario ya definido.
El Consejo de Gabinete también aprobó el proyecto de ley 40-26, cuyo objetivo es modernizar, unificar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual nacional.
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