Al menos 17 personas fueron torturadas en centros clandestinos o irregulares de detención, según el octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Los lugares identificados funcionaron en varios municipios durante el período de mayor represión posterior a las protestas de 2018.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que esas personas fueron llevadas a casas particulares, inmuebles vinculados con estructuras partidarias o instalaciones municipales. Las denuncias ubican estos centros en Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa.
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Los testimonios describen capturas realizadas, en su mayoría, por agentes paraestatales vestidos de civil, encapuchados y armados. Las víctimas relataron que eran trasladadas con los ojos cubiertos o con la cabeza obligada hacia el suelo de vehículos.
En esos lugares, las personas denunciaron golpizas, hambre, sed, interrogatorios violentos, desnudez forzada, quemaduras con cigarrillos, suspensión del cuerpo y violencia sexual. El informe sostiene que estos espacios fueron utilizados para infligir daño en períodos breves y bajo condiciones de aislamiento.
Los centros clandestinos operaron en al menos ocho municipios
Las 17 personas documentadas estuvieron recluidas en centros clandestinos o irregulares entre finales de mayo de 2018 y agosto de 2019. Quince eran hombres y dos mujeres.
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El Observatorio señaló que la mayor concentración de estos casos ocurrió durante la denominada operación limpieza. La organización no descartó que estos lugares siguieran funcionando, aunque indicó que no contaba con denuncias posteriores sobre nuevos centros.
Trece de las 17 víctimas también pasaron por estaciones policiales. El informe plantea que esa conexión refuerza la hipótesis de una articulación entre las detenciones en lugares irregulares y la reclusión posterior en instalaciones estatales.
Las personas denunciaron que, durante su permanencia en esos sitios, escuchaban gritos, golpes y pedidos de auxilio de otras personas detenidas. Tres víctimas afirmaron haber escuchado hechos que les hicieron pensar que otras personas habían sido ejecutadas.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más identificó dos denuncias contra la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Matagalpa, una contra la Alcaldía de Diriamba y otra contra una instalación conocida como La Garita, en ese mismo municipio.
El informe también recogió referencias de propiedades particulares en Managua, León, Sébaco y otros municipios. En varios casos, las víctimas no pudieron precisar su ubicación porque fueron trasladadas encapuchadas, golpeadas o desorientadas.
El Chipote Viejo concentró 89 casos documentados
El antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como Chipote Viejo, fue el centro de detención con mayor número de casos recogidos por el Observatorio. La investigación reunió 89 testimonios de personas que denunciaron torturas o tratos crueles entre abril de 2018 y febrero de 2019.
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Las víctimas describieron celdas pequeñas, oscuras, húmedas, sin ventilación y con escaso acceso a servicios sanitarios. El informe menciona espacios llamados preventiva, chiquita, El Caracol y otras celdas identificadas por números.
El ingreso incluía, según los testimonios, desnudez forzada, toma de fotografías, interrogatorios y golpes. Algunas personas denunciaron que eran obligadas a hacer sentadillas sin ropa frente a funcionarios de ambos sexos.
El reporte documentó interrogatorios repetidos, a menudo durante la noche o la madrugada. Las preguntas se centraban en quién financiaba las protestas, dónde estaban las armas y quiénes eran los líderes de las organizaciones opositoras.
En ese centro, al menos 26 de las 89 personas documentadas denunciaron aislamiento prolongado. También se registraron golpizas, quemaduras, descargas eléctricas, suspensión del cuerpo, asfixia, desprendimiento de uñas y violación sexual.
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El Chipote Viejo fue cerrado en febrero de 2019. Para el Observatorio, los testimonios reunidos lo ubican como uno de los principales centros de tortura durante los primeros meses de la represión.
El Nuevo Chipote mantuvo la incomunicación y el aislamiento
El informe documentó 36 personas recluidas en el Chipote Nuevo entre 2019 y 2022. Cinco eran mujeres y 31 hombres.
La investigación indica que en ese centro continuaron prácticas como desnudez forzada, requisas, sentadillas obligadas, interrogatorios constantes y asignación de códigos en lugar de nombres para identificar a las personas detenidas.
Las víctimas y sus familiares denunciaron luces encendidas durante las 24 horas, falta de ventilación, interrupción del sueño, restricción de visitas y privación de alimentos. También reportaron dificultades para acceder a medicamentos y a atención especializada.
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El informe registró casos de aislamiento que se prolongaron durante meses. Una de las personas permaneció más de 200 días en una celda pequeña, según la documentación citada por el Colectivo.
Las golpizas documentadas en el Nuevo Chipote fueron más frecuentes en los primeros años de funcionamiento del centro. El reporte sostiene que, desde 2021, aumentaron las prácticas dirigidas a deteriorar la salud mental de las personas privadas de libertad.
Entre esas prácticas figuran interrogatorios casi diarios, amenazas contra familiares, inducción al suicidio, privación de sueño, falta de contacto con el exterior y advertencias sobre nuevas detenciones de parientes.
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La tortura fue denunciada en estaciones policiales de 29 municipios
Fuera de los dos edificios del Chipote, el Observatorio identificó 111 personas que estuvieron recluidas en al menos un centro policial. Trece de ellas pasaron por dos estaciones distintas.
El informe documentó denuncias en 29 municipios de 14 departamentos. Las prácticas descritas incluyeron golpizas, amenazas, privación de comida y agua, aislamiento, desnudez forzada y falta de información a las familias.
La estación policial de Masaya fue señalada como uno de los lugares donde se registraron actos de mayor intensidad. Los expedientes incluyen denuncias de desprendimiento de uñas, quemaduras, suspensión del cuerpo, amenazas con armas y violaciones sexuales.
En León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Carazo, Estelí, Managua, Rivas, Río San Juan, Boaco, Nueva Segovia y Chontales también se reportaron agresiones físicas y psicológicas contra personas detenidas por razones políticas.
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El informe documentó que varias familias desconocieron durante días o semanas el paradero de sus parientes. Las autoridades policiales negaban las detenciones o no brindaban información sobre la ubicación, el estado de salud y la situación jurídica de las víctimas.
La Modelo y La 300 fueron señaladas por condiciones de aislamiento y malos tratos
El Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad, llamado La 300, fueron incluidos entre los lugares donde las víctimas denunciaron torturas y condiciones inhumanas.
La investigación recopiló testimonios sobre personas privadas de libertad en La Modelo y su anexo de máxima seguridad entre 2018 y 2023. Las denuncias mencionan hacinamiento, comida contaminada, acceso limitado al agua, golpizas, requisas violentas y aislamiento.
El reporte señala que algunos presos políticos fueron mantenidos en celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación. También documenta interrupciones del sueño, limitaciones al patio, amenazas de muerte y restricciones para recibir visitas familiares.
En La Modelo, los testimonios incluyeron denuncias sobre agresiones cometidas por reos comunes bajo tolerancia o instigación de custodios. El informe describe amenazas, golpizas e intentos de agresión contra personas detenidas por razones políticas.
La 300 fue descrita como un área de máxima seguridad con celdas de dimensiones reducidas, poca ventilación, escaso acceso a luz solar y restricciones a la lectura, la alimentación y las visitas.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que personas recluidas en ese establecimiento denunciaron pérdida de peso, infecciones, fiebre, dolores de cabeza, trastornos del sueño y afectaciones emocionales.
Las mujeres denunciaron aislamiento, vigilancia y agresiones en La Esperanza
El Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza, concentró denuncias de mujeres detenidas desde 2018 hasta 2022.
El informe señala que las primeras presas políticas fueron aisladas de las reclusas comunes. Algunas estuvieron en espacios separados mediante mallas, portones y señalizaciones que advertían sobre un supuesto peligro.
Las mujeres denunciaron restricciones a libros, papel, productos de higiene, ropa y comunicación con otras personas detenidas. También reportaron requisas, insultos, amenazas y agresiones físicas.
El documento incluye testimonios sobre violencia ejercida por funcionarias y por reclusas comunes. Según el Observatorio, algunas presas políticas fueron amenazadas o agredidas por mujeres privadas de libertad que actuaban bajo estímulo o tolerancia de las custodias.
Las detenidas en el contexto electoral de 2021 denunciaron haber sido mantenidas bajo vigilancia constante. La investigación señaló que sus condiciones de aislamiento limitaron el acceso a información, actividades recreativas y contacto con otras reclusas.
El informe identificó 156 presuntos perpetradores
El Observatorio identificó 156 personas presuntamente implicadas en detenciones, amenazas, interrogatorios y actos de tortura. La mayoría fue señalada por más de una víctima, de acuerdo con el informe.
La Policía Nacional concentró la mayor cantidad de personas identificadas, con 69 presuntos perpetradores. El Sistema Penitenciario Nacional fue el segundo grupo con más nombres documentados, con 24 funcionarios.
El reporte también menciona a funcionarios municipales, integrantes de la Juventud Sandinista, miembros de estructuras partidarias del Frente Sandinista, agentes paraestatales y trabajadores de otras instituciones del Estado.
Entre los presuntos responsables identificados aparecen agentes de distintos rangos policiales y penitenciarios, así como alcaldes, concejales y funcionarios vinculados con tareas de vigilancia, localización, detención o intimidación.
El Colectivo afirmó que la variedad de actores y niveles institucionales permite observar una cadena de participación en los hechos documentados. El informe atribuye la responsabilidad máxima de esa estructura a la pareja presidencial integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La tortura dejó secuelas físicas, emocionales y familiares
El informe analiza las consecuencias físicas y emocionales de las torturas a partir de testimonios y aportes de profesionales de la medicina y la psicología.
Las secuelas físicas descritas incluyen lesiones derivadas de golpizas, fracturas, infecciones, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño y agravamiento de enfermedades previas.
El documento destaca que la privación de atención médica, medicamentos, agua, alimentos, luz solar y descanso afectó la salud de las personas detenidas. Según el análisis incorporado en el reporte, estas condiciones pueden producir daños físicos y psicológicos duraderos.
La investigación también señala síntomas de depresión, ansiedad, estrés, insomnio, pesadillas, ataques de pánico, irritabilidad, pérdida de memoria y pensamientos suicidas entre personas supervivientes.
El Colectivo reportó que 119 de las 158 personas documentadas se exiliaron. El informe presenta el exilio como una salida ante el asedio, las citaciones policiales, las amenazas y el temor a nuevas detenciones.
El destierro y la privación de nacionalidad agravaron la vulnerabilidad
El informe abordó también la expulsión de 222 personas privadas de libertad hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. El reporte sostiene que esas personas fueron despojadas de su nacionalidad y de otros derechos ciudadanos.
El documento analiza esta medida como una forma adicional de castigo contra personas excarceladas por razones políticas. También señala las consecuencias para sus familias, incluidos obstáculos para la reunificación y afectaciones a niños, niñas y adultos mayores.
La investigación menciona además la desnaturalización de otras 94 personas el 15 de febrero de 2023. Al cierre del informe, el Colectivo contabilizaba 317 personas privadas de su nacionalidad.
Según el reporte, la pérdida de la nacionalidad fue acompañada por confiscaciones de bienes, restricciones a la seguridad social y dificultades para conservar vínculos familiares, laborales y patrimoniales.
El Observatorio concluyó que las detenciones, torturas, secuelas en la salud, exilio y privación de nacionalidad formaron parte de una política de castigo que se extendió más allá de los centros de reclusión.
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