Dos proyectos buscan incentivar la salida de funcionarios jubilados de la planilla estatal panameña

La Asamblea Nacional comenzó a discutir dos proyectos que buscan incentivar la salida voluntaria de servidores públicos jubilados o con derecho a pensión, mediante compensaciones económicas vinculadas con sus años de servicio. Las iniciativas también persiguen abrir espacios para el relevo generacional dentro de las instituciones del Estado.

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por la diputada Janine Prado, realizó la primera jornada de consultas de los proyectos de ley 718 y 711. En la discusión participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Aunque ambos proyectos persiguen incentivar el retiro, establecen fórmulas diferentes para calcular cuánto recibirían los funcionarios. El proyecto 718, impulsado originalmente por Javier Sucre, plantea un programa dirigido a pensionados y jubilados, mientras el 711 propone una política nacional de relevo generacional.

El proyecto 718 permitiría acogerse al programa a quienes tengan al menos cinco años continuos de servicio acreditable en la administración pública y sean pensionados o jubilados de la Caja de Seguro Social. Además, deberán presentar su renuncia voluntaria con un mínimo de 30 días de anticipación.

La compensación prevista en esta iniciativa sería de un mes de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 meses, tomando como referencia los diez mejores años de sueldo en el servicio público. En ningún caso, el incentivo podría superar los $100,000.

El pago tendría además una condición tributaria favorable: estaría exento del Impuesto sobre la Renta. Al momento de abandonar el cargo, el funcionario conservaría el derecho a recibir la prima de antigüedad, vacaciones y otras prestaciones correspondientes, independientemente del incentivo por acogerse al programa.

Quienes reciban esa compensación quedarían impedidos de volver a ser contratados por cualquier institución estatal, ya sea mediante una posición permanente, eventual o servicios profesionales. La propuesta también establece una lista de funcionarios y actividades que quedarían excluidos del programa.

Entre las excepciones figuran miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Órgano Judicial y Ministerio Público, cargos de elección popular, personal del Servicio Exterior y bomberos permanentes. También quedarían fuera puestos esenciales de salud y de la administración estatal, además de servidores municipales y temporales.

El proyecto 711 presenta un esquema distinto. Para participar, el funcionario deberá estar activo, haber adquirido el derecho a una pensión por vejez y acreditar al menos diez años de servicio público, continuos o discontinuos. El retiro tendría que producirse mediante una renuncia libre, expresa y voluntaria.

Su escala comienza con cuatro meses de salario para quienes acrediten diez años de servicio. La compensación aumenta a seis meses al llegar a 15 años, ocho meses con 20 años y diez meses de remuneración para quienes acumulen 25 años o más.

Para antigüedades ubicadas entre esos rangos, el proyecto propone agregar el equivalente al 40% de un salario mensual por cada año completo adicional. El beneficio nunca podría superar diez meses de remuneración y utilizaría como referencia el sueldo devengado 12 meses antes de solicitar el retiro.

La propuesta de Augusto Palacios va más allá de entregar una compensación y plantea convertir el relevo generacional en una política permanente del Estado. Cada institución tendría que elaborar anualmente un plan que identifique cargos, necesidades de personal, potenciales beneficiarios y los recursos presupuestarios necesarios para financiar las salidas.

Las vacantes tampoco tendrían que ser reemplazadas automáticamente. El proyecto establece que cada posición liberada deberá evaluarse antes de decidir si continúa siendo necesaria, puede eliminarse, fusionarse o transformarse. Cuando corresponda cubrirla nuevamente, la intención es incorporar capacidades ajustadas a las nuevas necesidades institucionales y tecnológicas.

En materia presupuestaria, cada entidad tendría que incluir los recursos destinados a las bonificaciones dentro de su anteproyecto anual, estimando previamente cuántos funcionarios podrían acogerse. El Estado garantizaría la disponibilidad mediante el Presupuesto General, mientras las partidas aprobadas tendrían un uso exclusivo para estos pagos.

Otra diferencia aparece en la posibilidad de regresar al sector público. El proyecto 711 establece que quien reciba el incentivo no podrá volver a vincularse como servidor público, aunque deja abierta la contratación posterior para consultorías estatales. El proyecto 718, en cambio, prohíbe también la contratación mediante servicios profesionales.

Las iniciativas entran ahora en una fase de consultas en la que la subcomisión recibirá observaciones de instituciones y organizaciones interesadas antes de avanzar en su discusión. Los diputados deberán definir si ambas propuestas se mantienen separadas o cómo se armonizan sus diferencias sobre requisitos, montos, financiamiento y futuras contrataciones.