Confirman en Panamá condena de 49 años por un ataque armado que dejó un muerto y dos menores heridos

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó una condena de 49 años de prisión contra un hombre por un ataque armado ocurrido en Santa Ana, en el que murió un joven de 22 años y otras dos víctimas, ambas menores de edad, sobrevivieron a los disparos.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia de Anulación N.° 260-2026, del 28 de septiembre, que mantuvo el fallo dictado por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial. El condenado, de 25 años, fue declarado autor de homicidio doloso agravado, consumado y en grado de tentativa.

El ataque ocurrió la noche del 13 de mayo de 2023 en Barrio Lindo, próximo a Calle 18, en el corregimiento de Santa Ana. Las víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando el agresor se aproximó y, sin mediar palabras, realizó múltiples disparos contra ellas.

La víctima mortal fue identificada como Jorkaef Josue Forsythe, mientras que las otras dos personas atacadas eran adolescentes. Las primeras actuaciones judiciales por este crimen comenzaron en 2023 y la investigación permitió llevar a juicio al responsable, cuya condena había sido dictada en febrero de este año.

Además de los 49 años de cárcel, el tribunal impuso al sentenciado 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal. La ratificación del fallo se produce en un contexto en el que las armas de fuego continúan predominando en los homicidios registrados en Panamá.

Hasta el 20 de septiembre de 2026, el país contabilizaba 434 homicidios, ocho de ellos no intencionales. Al excluir estos últimos, se registraban 426 muertes intencionales, apenas dos más que durante el mismo período de 2025, un incremento de 0.5%, según estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

La provincia de Panamá concentraba 264 homicidios intencionales, seis más que en 2025, mientras Colón acumulaba 75, con una reducción de 17%. Panamá Oeste registraba 36 casos y Chiriquí alcanzaba 24, pero esta última provincia mostraba el mayor incremento porcentual, con un salto de 167% frente al año anterior.

El comportamiento territorial también evidencia una fuerte concentración. El distrito de Panamá acumulaba 186 homicidios y San Miguelito otros 75, seguidos por Colón con 70, Arraiján con 22 y La Chorrera con 10. En la capital, Santa Ana registraba cinco homicidios hasta el corte estadístico del 20 de septiembre.

Las armas de fuego aparecen detrás de 365 de los 426 homicidios intencionales contabilizados, equivalentes a cerca del 86% del total. Otros 31 fueron cometidos con arma blanca y 30 mediante otros métodos, mientras la tasa nacional se situaba alrededor de nueve homicidios por cada 100,000 habitantes.

Las estadísticas muestran además cambios en las circunstancias asociadas a las muertes violentas. Los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron de 41 a 69 casos, un crecimiento de 68%, mientras aquellos vinculados con rencillas delincuenciales disminuyeron de 168 a 146. Los femicidios, por su parte, pasaron de 12 a 19 casos, un aumento de 58%.

El SIEC señala que 57% de las muertes están relacionadas con delincuentes vinculados a estructuras organizadas o delincuencia común, mientras un 11% corresponde a víctimas inocentes consideradas daño colateral. El informe calcula además un promedio aproximado de dos homicidios diarios y uno cada 15 horas durante 2026.

La violencia armada también se refleja en otros procesos judiciales recientes. En San Miguelito, dos hombres fueron condenados a 81 y 66 meses de prisión por posesión ilícita de armas de fuego en casos distintos registrados durante septiembre, ambos después de intervenciones de la Policía Nacional.

Uno de ellos, de 22 años, fue detenido el 20 de septiembre en el sector 5 de Latincito, en Belisario Porras, cuando presuntamente huía con una pistola calibre 9 milímetros y dos municiones. Las unidades habían acudido al lugar tras recibir una alerta por una agresión contra un taxista.

El segundo caso ocurrió el 25 de septiembre en el sector 30 de Veranillo, donde otro hombre fue sorprendido durante un recorrido policial con un arma calibre 22. Las autoridades determinaron que ambas armas eran aptas para realizar disparos y ninguno de los condenados tenía permiso para portarlas.