
La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) detuvo este lunes 10 de agosto a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), en el marco de la Operación Cuestor, bajo sospecha de supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Las autoridades también aprehendieron a la pareja sentimental del exfuncionario durante el desarrollo de las diligencias, que forman parte de una investigación por una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.
Según informes de prensa, la Operación Cuestor se desplegó en varios puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.
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Las pesquisas comenzaron en mayo de 2026, a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que identificó un incremento patrimonial no justificado en las cuentas de De Gracia y su entorno cercano.
El reporte precisó que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la gestión de Publio De Gracia al frente de la DGI entre 2019 y 2024, periodo en el que, según la auditoría, se habría producido un aumento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados del funcionario ni de su pareja.

El informe de la Contraloría General derivó en una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República y en la orden de secuestro de bienes por el mismo monto observado.
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Durante la operación, las autoridades ordenaron la aprehensión de diversos activos presuntamente vinculados con los hechos investigados. Entre los bienes incautados figuran tres inmuebles, seis vehículos de alta gama —incluidos modelos Toyota Prado, Lexus y BMW— y cuatro cuentas bancarias.
Esta acción, según se indicó, forma parte de la estrategia del Ministerio Público para evitar el ocultamiento de activos y asegurar el resarcimiento del daño patrimonial al Estado.
De acuerdo con información recabada por la televisora estatal SERTV, la denuncia presentada por la Contraloría General en mayo pasado se sustentó en una auditoría forense que detectó movimientos financieros “incompatibles” con el salario y las funciones públicas del exdirector de la DGI.
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El informe señala la existencia de transferencias, adquisición de bienes y depósitos bancarios que no pudieron ser justificados por los investigados.

TVN Noticias informó por su parte que, además de la pareja sentimental de De Gracia, no se descartan otras aprehensiones en el marco del mismo expediente, que sigue bajo reserva judicial.
El caso ha generado repercusión en la opinión pública panameña, debido al monto involucrado y al perfil del funcionario investigado.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una red de colaboradores o testaferros en la operación de blanqueo de capitales.
Según la información proporcionada por las autoridades a TVN Noticias, el proceso judicial continuará con la toma de declaraciones y la revisión de documentación financiera, así como la trazabilidad de los fondos sospechosos.
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La Procuraduría General de la Nación comunicó que el proceso seguirá en fase de instrucción, con el objetivo de establecer la procedencia de los fondos y posibles responsabilidades adicionales.

El caso forma parte de los esfuerzos institucionales para combatir delitos contra la administración pública y el lavado de activos en Panamá.
Recientemente, la DGI se vio envuelta en un escándalo por presunta corrupción que llevó a las autoridades a desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.
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