Miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos enfrentan la amenaza de una inminente separación si no se prolonga el Estatus de Protección Temporal (TPS).
La situación afecta especialmente a cerca de 150 mil hijas e hijos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses por nacimiento, que dependen de sus padres amparados bajo este programa migratorio.
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El futuro de estas familias quedó en el limbo tras recientes decisiones judiciales y cambios administrativos sobre la vigencia y renovación de los permisos de trabajo asociados al TPS.
Aunque el programa sigue formalmente vigente, la falta de claridad sobre la extensión de los permisos laborales ha dejado a muchos salvadoreños en un estado de incertidumbre.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), alrededor de 190 mil salvadoreños se benefician actualmente del TPS, un programa creado tras los terremotos de 2001.
Para quienes están protegidos por el TPS, la principal preocupación radica en la posible deportación y la ruptura de sus núcleos familiares.
La mayoría de los hijos de estos migrantes nacieron en territorio estadounidense y cuentan con ciudadanía por la ley de nacimiento. Sin embargo, si los padres pierden su estatus y son deportados, los hijos, muchos de ellos menores de 20 años, podrían quedar separados o verse obligados a abandonar el país de origen.
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La investigadora y consultora Celia Medrano, durante su participación en la entrevista matutina de Diálogo, explicó que “estamos hablando de alrededor de 190 mil salvadoreños beneficiarios del TPS y cerca de 150 mil hijos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, que dependen de sus padres”.
Medrano también advirtió que la situación legal es compleja, ya que muchos beneficiarios enfrentan órdenes de deportación que habían sido congeladas por su inclusión en el programa.
El riesgo de separación familiar no solo tiene impacto emocional, sino que además plantea desafíos legales y sociales, según expertos. Medrano detalló que la actual administración modificó las reglas para renovar los permisos de trabajo, exigiendo que se tramiten cada año, lo que genera lapsos en los que las personas quedan sin autorización laboral.
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Además, los empleadores han comenzado a prescindir de trabajadores con TPS debido a la incertidumbre legal, aun cuando el programa sigue vigente hasta el 9 de septiembre.
El perfil de los salvadoreños con TPS, según Medrano, es diferente al de migrantes deportados en años anteriores. Se trata de personas jóvenes, en su mayoría bilingües, con empleos estables, alto nivel educativo y arraigo en comunidades de ciudades como Los Ángeles, Virginia, Maryland y Long Island.
Muchos han construido una vida en Estados Unidos, poseen viviendas propias y pagan impuestos, representando una fuerza activa dentro de la economía estadounidense.
A pesar de los argumentos económicos y sociales a favor de la permanencia de esta población, la política migratoria estadounidense se ha endurecido.
Las decisiones recientes de tribunales federales y la postura de la administración actual han complicado la posibilidad de obtener una prórroga del TPS para los salvadoreños. Medrano puntualizó que, aunque algunos hijos mayores de edad podrían solicitar la permanencia de sus padres en el país, alrededor de la mitad de los beneficiarios no podrían acogerse a este recurso, pues pesan sobre ellos órdenes de deportación diferidas.
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La falta de una política clara tanto en Estados Unidos como en El Salvador para atender el eventual retorno de este grupo ha generado inquietud en las comunidades migrantes. Mientras tanto, los plazos corren y miles de familias esperan una definición que permita mantenerlas unidas y evitar el riesgo de separación.
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