Una plataforma digital sustituirá al corrompido sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos de Panamá

Una serie de medidas de control interno, acciones judiciales y la transformación tecnológica integral de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de la detección de esquemas irregulares de defraudación fiscal operados durante años mediante la vulneración de controles institucionales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que ante los acaecidos actos de corrupción se mantiene una postura de tolerancia cero, garantizando que el proceso continuará sin distinción, en las instancias correspondientes.

Como respuesta estructural para cerrar de manera definitiva las brechas que permitieron el fraude, el titular de la cartera de Economía y Finanzas indicó que se iniciará el proceso de sustitución del sistema e-Tax por una plataforma digital de última generación.

La nueva infraestructura, agregó, garantizará la trazabilidad completa de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual.

Chapman no precisó cuándo comenzará a funcionar la nueva plataforma, cuánto costará su implementación ni qué mecanismos específicos de seguridad incorporará.

Detalló que el plan de modernización contempla la trazabilidad digital obligatoria mediante un registro inalterable y seguimiento en tiempo real de cada trámite administrativo, así como la eliminación de la discrecionalidad manual utilizando la digitalización de procesos vulnerables para eliminar espacios a la manipulación.

De igual manera, añadió que se hará una auditoría continua de fondos, una garantía tecnológica de que cada dólar recaudado se dirija de forma íntegra hacia las prioridades nacionales de inversión social, empleo, infraestructura educativa, salud y seguridad ciudadana.

“Vamos a reemplazar el sistema e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso. Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano: menos espacio para la trampa, un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos”, puntualizó Chapman.

En un mensaje a la nación, el funcionario diferenció de manera tajante la conducta delictiva de un grupo focalizado frente al compromiso de la fuerza laboral de la institución, asegurando la estabilidad y continuidad de la atención a los contribuyentes en todo el territorio nacional.

“La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No voy a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, afirmó Chapman, citado en una nota de prensa institucional.

Confirmó que las operaciones administrativas y de recaudación continúan funcionando con normalidad. “Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, manifestó el ministro.

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el uso riguroso de las herramientas legales y tecnológicas para proteger los recursos de todos los panameños.

Un informe técnico elaborado por la DGI reveló que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

Hasta el momento el ministerio había anunciado la separación de al menos 12 funcionarios vinculados con las irregularidades, el congelamiento de los trámites de créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría a la Contraloría General de la República, sin fecha de ejecución, informaron los medios de comunicación.