Honduras bajo escrutinio internacional por sus controles financieros

Honduras inició esta semana una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional asociado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que durante 18 meses revisará la efectividad del país para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El proceso no estará enfocado en una institución específica, sino en todo el sistema nacional encargado de detectar, investigar, sancionar y evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen al sistema económico formal.

El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que la evaluación será desarrollada por especialistas del GAFILAT y abarcará a las instituciones públicas, sectores privados supervisados y organismos vinculados con la prevención del crimen financiero.

“No es que se viene a evaluar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se evalúa a toda la institucionalidad del país”, señaló Solórzano al referirse al alcance del proceso.

Las evaluaciones del GAFILAT forman parte de un mecanismo internacional utilizado en América Latina para determinar si los países cuentan con herramientas suficientes para enfrentar el movimiento de dinero generado por organizaciones criminales.

Primeras instituciones

Durante este tipo de procesos, los expertos no solo revisan las leyes existentes, sino también la forma en que las instituciones aplican esas normas y los resultados obtenidos en la práctica.

Entre los aspectos que serán analizados en Honduras se encuentran la capacidad de las autoridades para identificar operaciones sospechosas, la coordinación entre instituciones, las investigaciones financieras, los procesos judiciales y la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas.

Uno de los puntos centrales de estas evaluaciones es determinar si un país cuenta con un sistema efectivo para evitar que grupos dedicados al narcotráfico, corrupción, extorsión u otros delitos puedan utilizar bancos, empresas o diferentes sectores económicos para ocultar el origen de sus recursos.

Como parte de la agenda inicial, el equipo evaluador sostendrá este martes 4 de agosto una primera reunión con la Comisión Interinstitucional de Prevención del Lavado de Activos (CIPLAV), en la que participarán representantes de diferentes instituciones relacionadas con esta materia.

Encuentro con autoridades del gobierno

Durante el proceso, los evaluadores tendrán encuentros con autoridades, organismos de supervisión, sectores financieros y representantes del sector privado para conocer cómo funciona la estructura hondureña de prevención contra el lavado de activos.

Entre los sectores que serán consultados figura el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), además de representantes de actividades financieras y otros sectores considerados relevantes dentro del sistema de prevención.

La revisión internacional también contempla reuniones con las máximas autoridades del Estado hondureño. Dentro de la agenda están contemplados encuentros con el presidente de la República, el fiscal general del Estado, el presidente del Congreso Nacional y representantes de la Corte Suprema de Justicia.

La participación de estas instituciones responde a que el combate al lavado de activos requiere coordinación entre diferentes áreas del Estado: desde la creación de leyes, la supervisión financiera y la investigación criminal, hasta la judicialización de casos y la aplicación de sanciones.

Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la evaluación continuará durante los próximos meses con recopilación de información, reuniones técnicas y análisis de resultados.

Qué revisa GAFILAT

En otros procesos realizados en América Latina, el GAFILAT ha evaluado la capacidad de los países para enfrentar los flujos económicos generados por organizaciones criminales.

Los especialistas analizan dos grandes componentes: el cumplimiento técnico de las normas internacionales y la efectividad del sistema nacional.

En el primer punto se revisa si existen leyes, reglamentos e instituciones adecuadas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el segundo aspecto, se estudia si esas herramientas realmente producen resultados.

Por ello, los evaluadores observan indicadores como investigaciones iniciadas, condenas obtenidas, decomisos de bienes, cooperación internacional y capacidad de las autoridades para rastrear el dinero utilizado por estructuras criminales.

El resultado de esta evaluación tendrá implicaciones para Honduras, debido a que estos análisis influyen en la percepción internacional sobre la fortaleza del sistema financiero y la capacidad del país para enfrentar los delitos económicos.

En procesos similares realizados en otros países, los resultados han llevado a reformas legales, creación de nuevas capacidades institucionales y planes de acción para corregir deficiencias detectadas.

La etapa de recopilación de hallazgos está prevista para mayo, mientras que el proceso concluirá en diciembre de 2027 con la presentación de los resultados finales.

Durante ese período, Honduras deberá demostrar la capacidad de sus instituciones para prevenir que recursos provenientes de actividades criminales sean incorporados al sistema económico nacional.