La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió las declaraciones de Daniel Ortega sobre que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y rechazó una reforma constitucional que, según el organismo, busca institucionalizar la permanencia indefinida en el poder al ampliar el mandato de la copresidencia, volverlo renovable y restringir la competencia política.
La iniciativa, presentada el 28 de julio de 2026 por el presidente de la Asamblea Nacional, será sometida a aprobación en primera legislatura el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto propone extender de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia.
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Según la Comisión, la reforma también eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”. El objetivo declarado sería “prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la ampliación de los períodos de mandato, la amenaza de eliminar elecciones libres, auténticas y competitivas y la constitucionalización de restricciones a los derechos políticos profundizan la consolidación autoritaria. Para el organismo, esas medidas eliminan las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
La reforma retoma cambios que la CIDH ya había vinculado con la concentración del poder
En su informe especial sobre Nicaragua, incluido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, la Comisión ya había advertido que la reforma constitucional de 2025 modificó más de 100 artículos de la Constitución. Según el organismo, ese cambio consolidó un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa.
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La CIDH señaló entonces que esa reforma derogó el principio de separación de poderes y concentró el poder en la figura de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A juicio de la Comisión, todas esas medidas son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El organismo instó al Estado nicaragüense a abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También reclamó el restablecimiento de las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, de modo que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.
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La CIDH advirtió sobre represión transnacional, migración forzada y efectos regionales
La Comisión afirmó que en el país persisten graves violaciones a los derechos humanos. Añadió que la represión transnacional del régimen se ha intensificado.
Ese escenario, indicó la OEA a través de su comisión de derechos humanos, se combina con la migración forzada de personas nicaragüenses y ha generado serios desafíos de seguridad para otros Estados de la región. El organismo sumó a ese diagnóstico el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y en otros países del área.
La CIDH reiteró además su llamado a los Estados miembros de la OEA para que utilicen, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes, los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Su mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la organización a título personal.
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