La delincuencia juvenil se acelera en Panamá: las denuncias aumentan 23% en un año

Los delitos cometidos por menores de edad aumentaron 22.8% en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 2,475 denuncias, 460 más que las 2,015 reportadas en el mismo período de 2025.

Los casos relacionados con la libertad e integridad sexual encabezaron las estadísticas con 875 denuncias, seguidos por los delitos contra la vida y la integridad personal, con 483; los delitos contra el patrimonio económico, con 453; los delitos contra la seguridad colectiva, con 357; y los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, con 257.

Las cifras divulgadas por el Ministerio Público muestran que el incremento fue generalizado en casi todo el país. La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias con 640 casos, seguida de Panamá Oeste, con 433; Chiriquí, con 377; Bocas del Toro, con 255; San Miguelito, con 165; Colón, con 161; Veraguas, con 140; Coclé, con 110; Herrera, con 85; Los Santos, con 57; y Darién, con 52.

En comparación con el mismo período del año pasado, los mayores aumentos absolutos se registraron en Panamá, que pasó de 535 a 640 denuncias (+105); Panamá Oeste, de 328 a 433 (+105); Bocas del Toro, de 175 a 255 (+80); Veraguas, de 87 a 140 (+53); y Chiriquí, de 328 a 377 (+49).

También aumentaron los casos en Colón, Herrera, San Miguelito y Darién, mientras que Coclé y Los Santos mantuvieron exactamente la misma cantidad de denuncias que en 2025.

El crecimiento también fue evidente al analizar la evolución de los principales delitos. Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual aumentaron de 385 a 875, lo que representa 490 casos adicionales en apenas un año.

Los delitos contra la vida y la integridad personal subieron de 205 a 483, mientras que los delitos contra el patrimonio económico crecieron de 256 a 453. Asimismo, los delitos contra la seguridad colectiva pasaron de 230 a 357, y los relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil aumentaron de 91 a 257.

El incremento de las denuncias también tuvo impacto en la actividad judicial. Durante el primer semestre de este año las Fiscalías Superiores de Adolescentes participaron en 4,100 audiencias, frente a las 3,461 realizadas durante el mismo período de 2025.

Entre las actuaciones más frecuentes figuraron 1,037 audiencias ante jueces de cumplimiento, 467 audiencias innominadas, 443 audiencias de formulación de imputación, 295 lecturas de sentencia y 272 audiencias de acuerdos de pena.

En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público reportó 328 durante el semestre. De ellas, 175 correspondieron a detención provisional y 153 a otras medidas distintas a la privación de libertad.

En contraste, durante el mismo período de 2025 se habían aplicado 516 medidas cautelares, de las cuales 133 fueron detenciones provisionales y 383 medidas distintas a la detención, lo que refleja un cambio en la composición de las decisiones cautelares adoptadas por los jueces.

Las estadísticas también muestran un aumento en las causas egresadas definitivas, que pasaron de 1,377 en el primer semestre de 2025 a 1,601 este año. El mecanismo más utilizado continuó siendo el criterio de oportunidad por resolución del fiscal, con 868 casos, seguido por 285 causas concluidas mediante sentencia, 253 declinatorias a la esfera administrativa, 53 sobreseimientos y 49 conciliaciones.

En materia de sentencias, entre enero y junio de 2026 se dictaron 305 fallos, frente a 236 en igual período del año anterior. La mayoría se resolvió mediante acuerdos de pena, con 258 sentencias, mientras que 25 correspondieron a procesos simplificados y 14 fueron producto de juicios orales.

Además, de las 348 sentencias clasificadas por tipo de fallo, 346 fueron condenatorias y solo dos absolutorias, equivalente a un 99% de condenas. En el primer semestre de 2025 se habían registrado 247 sentencias, de las cuales 241 fueron condenatorias y seis absolutorias.

El crecimiento de los delitos sexuales, contra la vida y contra el patrimonio muestra que el fenómeno no se limita a faltas menores y exige una respuesta coordinada entre las autoridades, las escuelas, las comunidades y los hogares.