
El 80% de las denuncias por extorsión corresponde a maniobras para infundir miedo y presionar a las víctimas a entregar dinero, según informó Jorge Daniel Molina, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. Las declaraciones se conocieron tras la suspensión temporal de operaciones de la empresa de transporte Lila.
Molina señaló que muchas de estas acciones se ejecutan mediante llamadas telefónicas, mensajes o contactos digitales con el objetivo de convencer a las personas de entregar dinero bajo presión.
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Aunque estos intentos no siempre están vinculados directamente con organizaciones criminales, el funcionario sostuvo que cada denuncia debe ser atendida con seriedad para determinar su origen y establecer si existe un peligro real para la víctima.
Las declaraciones del jefe de la DAET se produjeron después de que la empresa de transporte Lila anunciara la suspensión temporal de sus operaciones, decisión que fue atribuida a presuntas amenazas de extorsión.
Ante esta situación, la Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer los hechos y conocer las circunstancias que motivaron la paralización del servicio.
Investigación por la suspensión de operaciones
Según Molina, los equipos de investigación mantienen comunicación con los propietarios de la empresa para recopilar información, verificar las denuncias y determinar si las amenazas provienen de grupos dedicados a este delito o si corresponden a otra modalidad de intimidación.
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El director de la DAET insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir la extorsión, ya que una denuncia presentada de manera inmediata permite activar los protocolos de investigación y brindar acompañamiento a las personas afectadas.
Indicó que, en muchos casos, las víctimas optan por guardar silencio debido al temor o la incertidumbre, lo que dificulta identificar a los responsables y evitar que continúen afectando a más ciudadanos.
Por ello, reiteró la importancia de utilizar los canales oficiales habilitados por la Policía Nacional para informar cualquier intento de extorsión, independientemente de que la amenaza parezca creíble o no.
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Molina también señaló que las reformas aprobadas en la legislación hondureña han ampliado las capacidades de investigación de las autoridades y permiten rastrear con mayor eficacia las modalidades empleadas por quienes cometen este delito.
Entre las herramientas disponibles mencionó el análisis de llamadas telefónicas, transferencias electrónicas, movimientos financieros y otros mecanismos tecnológicos que pueden servir para identificar a las personas involucradas en redes de extorsión.
Estas acciones, explicó, facilitan el seguimiento de los casos y contribuyen a reunir pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Operativos contra este delito
El funcionario reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de continuar con operativos e investigaciones dirigidas a identificar y capturar a quienes utilizan amenazas para obtener dinero de manera ilegal.
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Las autoridades han señalado que los operativos se mantienen de forma permanente en distintos departamentos del país, con el apoyo de equipos de inteligencia e investigación criminal.
Tras la reorganización de las unidades encargadas del combate a este delito y la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el Gobierno sostiene que busca reforzar la respuesta institucional frente a este tipo de amenazas.
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