Detectan en Costa Rica 2,103 beneficiarios fallecidos en la Junta de Protección Social, entre ellos un caso de 1984

Un informe de la Contraloría General de la República de Costa Rica detectó que 2,103 personas fallecidas antes de 2024 figuraban como beneficiarias de recursos gestionados por la Junta de Protección Social (JPS) durante 2024 y el primer semestre de 2025.

Según el análisis, tras depurar la base de datos y excluir a las personas fallecidas, el total de atendidos pasó de 9,510 a 7,407. Entre los registros se identificó al menos un caso de una persona fallecida desde 1984.

El informe señala que esta circunstancia dificulta la verificación de quiénes recibieron efectivamente los fondos públicos y si las transferencias cumplieron su objetivo.

Para el órgano contralor, la información disponible no permite validar de manera concluyente las características básicas ni dar seguimiento a las personas atendidas por las entidades privadas que reciben financiamiento de la JPS, de acuerdo con El Observador.

Observaciones sobre trazabilidad y control de beneficiarios

El informe DFOE-BIS-RF-00002-2026 detalla que la JPS no ha consolidado un sistema que permita recopilar, validar y dar seguimiento a la información de sus beneficiarios.

La Junta no presta servicios sociales de forma directa, sino que transfiere parte de las utilidades de la venta de loterías y juegos de azar a entidades privadas, encargadas de la atención de adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o en situación de farmacodependencia.

Durante el periodo analizado, la JPS realizó 5,312 transferencias a 276 entidades privadas, por un monto total de ¢24,883 millones (aprox. USD 47.000.000). El informe destaca que dentro del universo revisado, la Junta es la institución que financia la mayor cantidad de organizaciones: 276 de un total de 313, lo que la convierte en un actor central en el sistema.

Uno de los principales hallazgos fue la falta de reporte al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La Contraloría determinó que la JPS no reportó en 2024 y 2025 los datos de la población atendida, a pesar de haber recibido ¢24,882 millones (aprox. USD 47 millones) para ese fin.

La auditoría también detectó, según El Observador, que 15 entidades privadas que recibieron ¢2,700 millones (aprox. USD 5.1 millones) no reportaron información sobre las personas atendidas. Adicionalmente, se identificaron 461 cédulas con errores de formato, lo que dificultó la validación de los datos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración y Extranjería.

En cuanto a la rendición de cuentas, el informe señala que ¢21,045 millones (aprox. USD 39.8 millones) fueron transferidos sin los registros correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). Según la JPS, esta observación corresponde a aspectos administrativos en el registro de la información y no a la ejecución de los fondos.

El informe también revisó el uso del Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP), indicando que la JPS no tiene cuentas registradas en esa plataforma, ni para sí misma ni para las entidades privadas receptoras de fondos públicos. Esta herramienta está diseñada para centralizar transacciones y mejorar la trazabilidad.

Postura de la JPS y acciones previstas

De acuerdo con El Observador, la Junta de Protección Social aseguró que no se giraron fondos directamente a personas fallecidas. La entidad atribuyó la aparición de esos registros a desfases en la actualización de la información remitida por las entidades privadas beneficiarias.

La JPS recordó que exige cada año a las organizaciones la presentación de la nómina de personas beneficiarias como requisito para ingresar al Programa de Apoyo a la Gestión. El informe de la Contraloría advierte que las entidades que no cumplan con esta obligación pueden quedar excluidas o ver sus recursos suspendidos.

Tras la publicación del informe, la Junta comunicó que asume las observaciones con apertura y como insumo para acelerar su transformación digital e institucional, especialmente en el control de las transferencias sociales. Además, anunció que reforzará la capacitación de las 276 organizaciones financiadas para fomentar el uso adecuado de las plataformas nacionales de información y mejorar la trazabilidad y la rendición de cuentas.

La participación de la JPS representó el 21.47% de todas las personas que recibieron fondos de protección social en el periodo evaluado. Por ello, la Contraloría consideró que la institución debe fortalecer sus mecanismos de registro y asegurar el cumplimiento de las normativas para garantizar la correcta trazabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos.