Panamá endurece penas por estafas tras aumento de denuncias

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.