Diez ciudadanos panameños enfrentan cargos de propaganda en Cuba

Diez ciudadanos panameños permanecen detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional, mientras las autoridades investigan si los hechos forman parte de una red organizada que busca desestabilizar el sistema político local, informó EFE y La Estrella de Panamá.

La imputación formal fue confirmada este lunes 2 de marzo por la Presidencia de Cuba, en un contexto marcado por la tensión diplomática con Estados Unidos y recientes incidentes de seguridad fronteriza, según informó el Ministerio del Interior (Minint) en un comunicado difundido por medios oficiales cubanos.

El hecho que detonó el operativo de seguridad ocurrió la madrugada del sábado 28 de febrero en La Habana. Los detenidos realizaron pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

Todas las inscripciones quedaron fechadas y firmadas con las siglas CDPC, pero la ONG Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas negó cualquier vínculo con las acciones.

El Minint atribuyó a los acusados el “delito de propaganda contra el orden constitucional”, tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona acciones orientadas a alterar el régimen institucional mediante la difusión de mensajes considerados subversivos. Como resultado, los ciudadanos panameños podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.

Según la inteligencia cubana, los detenidos habrían sido captados en Panamá, donde residen, con el objetivo de viajar a Cuba a confeccionar y colocar mensajes críticos con el Gobierno.

La versión oficial sostiene que el plan era ejecutar los actos de propaganda en puntos estratégicos de la capital y abandonar la isla rápidamente para eludir la detención.

El incentivo económico resulta determinante en el agravante de los cargos: cada participante recibiría entre USD 1.000 y USD 1.500 al regresar a Panamá. El Minint aseguró que este elemento revela una operación planificada y remunerada desde el exterior, cuyo fin sería utilizar a ciudadanos extranjeros para difundir mensajes hostiles al régimen y minimizar la trazabilidad de la oposición interna.

Tras la aprehensión, los implicados reconocieron su participación en la colocación de los mensajes, lo que complica su situación jurídica y centra la investigación en identificar a posibles autores intelectuales o a organizaciones responsables de financiar el viaje y la remuneración prometida.

Tensión diplomática y antecedentes de incidentes fronterizos

Las detenciones tienen lugar durante un periodo de alta tensión entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, luego de que Washington implementó bloqueos al suministro de petróleo y solicitó el inicio de un proceso de negociación bilateral con La Habana.

Los diez panameños continúan bajo custodia, mientras el sistema judicial y de seguridad cubano investiga la “existencia de cómplices internos” y si la acción está vinculada a operaciones similares previamente reportadas.

El Minint sugiere que la utilización de extranjeros responde a una estrategia para “crear una percepción de inestabilidad interna” sin involucrar a organizaciones disidentes locales conocidas. La Fiscalía trabaja para determinar si existen otras responsabilidades penales, identificar a los eventuales financiadores y establecer el posible alcance internacional del operativo.