La Mesa Nacional de Transporte solicitó una reunión urgente con el ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez, ante el incremento sostenido del combustible que acumula 1.12 centavos de dólar por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El gremio advirtió que la situación amenaza la continuidad y eficiencia del servicio de transporte en El Salvador, de acuerdo con un comunicado publicado ayer.
El sector transporte enfrenta una coyuntura crítica, agravada por el conflicto internacional que ha impactado de manera directa en los costos operativos. Según datos de la Mesa Nacional de Transporte, el combustible representa aproximadamente el 68% de los costos del sistema, por lo que cualquier ajuste en los precios se traslada de manera inmediata a la rentabilidad y capacidad de operación de las empresas del rubro. La organización enfatizó en su comunicado que aún no ha recibido respuesta por parte del Ministerio a la petición presentada hace más de un mes.
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De acuerdo con un reporte de American Progress, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió un 53.2% desde el 27 de febrero de 2026, pasando de 67.02 dólares por barril a 102.68 dólares en mayo, como consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Este incremento se ha reflejado en un alza del 51.5% en los precios de la gasolina y del 49.8% en el diésel, mientras que el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos subió de 3.30 dólares en abril de 2025 a 4.24 dólares en abril de 2026. Las alzas han afectado a todos los mercados dependientes de los derivados del petróleo, incluyendo a El Salvador y la región centroamericana, según información recogida por American Progress.
El comunicado de la Mesa Nacional de Transporte advierte que la crisis no responde únicamente al conflicto actual, sino que es el resultado de una situación prolongada que ya venía impactando la sostenibilidad del sector. En abril pasado, Lucio Vásquez, representante del gremio, dijo en entrevista con radio YSUCA que la tarifa del transporte colectivo permanece congelada desde hace 22 años, lo que impide trasladar los aumentos de costos al usuario. Vásquez explicó que esta situación, sumada a los retrasos en el pago del subsidio estatal, pone en riesgo la liquidez de los empresarios y dificulta el cumplimiento de obligaciones como salarios, impuestos y pagos a proveedores.
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La Mesa Nacional de Transporte ya ha alertado que, solo en 2022, más de 400 unidades dejaron de operar y en 2025, otras 325 salieron de circulación. El gremio ha estimado que, de mantenerse esta tendencia, unas 700 unidades no podrán ser reemplazadas este año, lo que generaría una menor frecuencia en el servicio y una afectación directa a los usuarios. “De no tomarse decisiones urgentes, la crisis podría profundizarse en los próximos años, con una mayor reducción de unidades y un deterioro aún más marcado del servicio”, advirtió Vásquez en esa ocasión.
El gremio propuso una serie de medidas para paliar la crisis, entre ellas la fijación de un precio techo al diésel, la continuidad del subsidio, mejoras operativas y una eventual nivelación de la tarifa. Además, planteó la implementación de carriles exclusivos para el transporte público en horas pico, con el objetivo de optimizar el consumo de combustible y mejorar la eficiencia del sistema.
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La organización subrayó la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan garantizar la prestación del servicio y la eficiencia del transporte público para la población salvadoreña. El documento entregado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicita un espacio de diálogo para encontrar soluciones conjuntas, ante el riesgo de una paralización parcial del sector si no se atienden sus demandas en el corto plazo.
El llamado de la Mesa Nacional de Transporte se produce en un contexto de presión internacional sobre los precios de la energía, mientras el conflicto en el Golfo Pérsico mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, lo que ha reducido la oferta global de petróleo y encarecido los fletes marítimos. Fuentes del sector han coincidido en que la volatilidad de los precios y la falta de respuesta de las autoridades agravan una crisis de largo arrastre en el transporte público del país.
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