La salida judicial de CK Hutchison del control de los puertos de Balboa y Cristóbal en las inmediaciones del Canal de Panamá impulsará, según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la adopción de estándares más altos y nuevos procesos de licitación en el sector portuario del país. Este proceso fortalecerá la posición logística de Panamá como nodo regional y mejorará la distribución de beneficios del sector, según informó la agencia de noticias española EFE.
La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, resaltó el desafío que representa fortalecer la posición logística del país frente a sus competidores regionales. De Sanctis afirmó que “Panamá es una plataforma logística consolidada”, pero puntualizó la necesidad de elevar los estándares: “Debemos superarnos”.
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En 2025, Balboa y Cristóbal movilizaron en conjunto 2.67 millones y 1.21 millones de contenedores respectivamente, sumando 3.88 millones de unidades, equivalentes al 38 % del volumen total manejado en el sistema portuario nacional. Ese porcentaje obedece, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá, a la alta conectividad de ambos puertos con rutas internacionales, lo que los posiciona como puntos estratégicos para la transferencia de carga que cruza el istmo. Dichos puertos figuran entre los cinco que rodean al Canal de Panamá, aunque no forman parte de la administración ni la operación directa de la vía acuática.
De Sanctis consideró que la experiencia de las próximas licitaciones debe servir de base para “impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país”. La dirigente remarcó que este marco tiene que “garantizar estándares más altos, promover la competitividad, y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa”.
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Tras la decisión más reciente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión de 1997 otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, el panorama cambió respecto a la gestión de ambos puertos. El fallo de la corte aludió tanto a lesiones contra la soberanía como a un desequilibrio económico desfavorable para el Estado en los términos del contrato.
Actualmente, los puertos de Balboa y Cristóbal permanecen bajo operación provisional de filiales del sector portuario internacional, entre ellas Mediterranean Shipping Company y Hutchison Port Holdings. El presidente José Raúl Mulino anunció que las concesiones definitivas serán licitadas por separado en procesos que definió como abiertos y transparentes, estimando un plazo máximo de un año y medio para que se adjudiquen a nuevos operadores.
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La disputa legal y la posición de CK Hutchison
El conglomerado CK Hutchison y su filial PPC han iniciado un arbitraje contra el Estado panameño, reclamando USD 2.000 millones por lo que consideran una toma “ilegal” de los puertos de Balboa y Cristóbal, según comunicó la agencia de noticias española EFE.
Las operaciones del Canal de Panamá no han sido afectadas por las recientes medidas sobre Balboa y Cristóbal, dado que ambos puertos funcionan de manera independiente a la infraestructura y la administración de la vía interoceánica.
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